Las autoridades confirmaron que 34 reclusos escaparon del Centro Transitorio Norte durante el motín del lunes en la noche. El número era mucho mayor, pero algunos regresaron por su cuenta, otros —vinculados a delitos graves— permanecen prófugos. La Policía ofrece hasta $5 millones por información que permita su captura.

El motín en el Centro Transitorio Norte de Santa Marta dejó una consecuencia que hoy tiene en alerta a toda la ciudad: 34 reclusos lograron fugarse en medio del caos y actualmente siguen sin ser ubicados. 

Lo que ocurrió no fue un simple episodio de alteración del orden público, sino una ruptura total del control en un lugar que, por horas, dejó de funcionar como centro de reclusión.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, los internos aprovecharon los momentos más críticos del disturbio, cuando la capacidad de respuesta fue superada, para salir sin mayores obstáculos. En medio de los enfrentamientos, el desorden y la tensión que se vivía en la zona, decenas de reclusos encontraron la oportunidad de escapar, evidenciando la fragilidad del sistema de custodia en este tipo de instalaciones.

Uno de los hechos que más genera indignación es que parte de un grupo grande de fugados no huyó definitivamente. Según versiones conocidas tras la emergencia, algunos internos salieron del centro, se dirigieron incluso hasta la playa y posteriormente regresaron por su propia voluntad. Este episodio no solo deja en evidencia el nivel de descontrol que se vivió durante el motín, sino también la ausencia de medidas efectivas para garantizar la seguridad en un punto que debía estar bajo estricta vigilancia.

Sin embargo, el verdadero problema está en quienes no volvieron. Entre los 34 reclusos que escaparon hay personas vinculadas a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y hurto agravado, lo que eleva el nivel de riesgo para la ciudadanía. 

A esta hora, continúan prófugos y no se tiene claridad sobre su ubicación, lo que ha obligado a las autoridades a activar un plan de búsqueda urgente en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Metropolitana de Santa Marta divulgó el cartel con los rostros de los fugados y anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita la captura de cada uno. La estrategia busca acelerar los resultados operativos, pero también refleja la dimensión del problema: la recaptura depende ahora, en parte, del apoyo ciudadano.

Detrás de esta fuga masiva hay una realidad que las autoridades ya no pueden desconocer. Los reclusos que protagonizaron el motín no estaban en un establecimiento carcelario formal, sino en un centro transitorio que desde hace tiempo opera por encima de su capacidad. Muchos de ellos permanecían allí a la espera de un cupo en el sistema penitenciario, que hoy enfrenta un déficit crítico de espacio y no tiene cómo responder a la demanda.

Esa condición de hacinamiento, sumada a la acumulación de tensiones dentro del centro, terminó por convertir el lugar en una bomba que finalmente estalló. El motín no fue un hecho aislado ni imprevisible, sino la consecuencia de un sistema desbordado que, sin soluciones estructurales, terminó cediendo en el peor momento.

Hoy, Santa Marta enfrenta las secuelas de ese colapso. No solo se trata de los daños materiales o del impacto en el comercio del centro de la ciudad, sino de una situación de seguridad compleja en la que varios hombres señalados de delitos graves permanecen en libertad. La ciudad intenta recuperar la normalidad, mientras las autoridades intensifican operativos para evitar que la fuga se traduzca en nuevos hechos delictivos.