Una inspección judicial dentro del cementerio San Miguel coincidió con un sepelio y dejó una escena inédita en Santa Marta: fiscales auditando documentos mientras el sacerdote, imputado y removido por la Iglesia, celebraba una misa pese a no estar autorizado.

La justicia revisaba papeles. La Policía vigilaba. Los peritos tomaban fotografías. Y, en medio de todo, el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub comenzó una misa como si nada estuviera pasando.Así arrancó este jueves una de las escenas más tensas que se han vivido en el cementerio San Miguel de Santa Marta: una diligencia judicial en pleno desarrollo y, a pocos metros, un sepelio convertido involuntariamente en el escenario del choque abierto entre la Diócesis y el llamado “cura rebelde”.

Mientras funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI y abogados inspeccionaban la capilla y los registros administrativos del camposanto, un féretro fue colocado frente al altar. La familia del fallecido intentaba despedirse en medio del dolor sin entender por qué el templo estaba rodeado de autoridades.

Nada se suspendió.

El sacerdote —imputado desde 2025 por presunta administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos— continuó la ceremonia religiosa pese a que, según la Diócesis de Santa Marta, fue removido de sus funciones y no tiene autorización canónica para oficiar misas ni administrar el lugar.

Una diligencia anunciada que terminó en confrontación

La inspección judicial había sido notificada previamente. Así lo confirmó el abogado de la Diócesis, Diego Duque, quien aseguró que el procedimiento hacía parte del proceso encaminado a recuperar el control del cementerio, propiedad de la Fundación Juan Pablo Segundo, vinculada a la Iglesia Católica.

“Esta diligencia estaba programada. El sacerdote sabía que se iba a realizar”, explicó el jurista, quien calificó la actuación del religioso como un desafío abierto a las decisiones legales y eclesiásticas.

Según la representación legal, Álvarez Yacub no solo desconoció su remoción, sino que continua programando servicios religiosos que tiene prohibido realizar.

“Si no está habilitado para ejercer actos religiosos, podría estarse engañando a la familia del fallecido”, advirtió Duque.

El cura que no se mueve

Las imágenes registradas durante la diligencia muestran al sacerdote evitando responder preguntas. Guarda silencio. No discute. Tampoco se retira.

Una persona cercana lanzó una frase que resumió el ambiente de tensión dentro del cementerio: “No lo van a sacar”.

Y, hasta ahora, eso parece cierto.

Pese a imputaciones, inspecciones y decisiones adoptadas desde el año pasado, el sacerdote sigue en el lugar, conserva las llaves del camposanto y continúa oficiando ceremonias religiosas respaldado —según él— por los propietarios de las bóvedas.Álvarez Yacub ha insistido en que su vocación sacerdotal le fue otorgada por Dios y que solo Dios puede quitársela, argumento con el que ha sostenido su permanencia frente al conflicto legal.

Un proceso que viene de atrás

El caso comenzó cuando la Diócesis de Santa Marta decidió relevarlo de sus funciones. Según la denuncia, tras su salida el religioso habría despedido al personal vinculado a la fundación administradora y creado una nueva empresa para asumir el control del cementerio.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos por presunta administración desleal, fraude y ocultamiento de documentos, proceso que hoy podría definir quién administrará definitivamente el histórico camposanto.

Durante la diligencia, el juez y los investigadores recopilaron pruebas técnicas que serán clave para futuras decisiones judiciales, entre ellas la posible cancelación del registro empresarial con el que presuntamente se administra el lugar y la entrega provisional del control a su titular legal.

El cementerio convertido en campo de batalla

Lo que durante décadas fue un espacio de silencio y despedidas es ahora un escenario permanente de confrontación institucional.

Este jueves quedó expuesto con crudeza: un ataúd en el altar, funcionarios judiciales dentro del templo y un sacerdote celebrando misa mientras era investigado.

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El duelo y la disputa legal ocurrieron al mismo tiempo, en el mismo lugar.Y el conflicto por el cementerio San Miguel, lejos de terminar, sigue abierto.