Sin renovación de flota, sin mejoras visibles y con vehículos en evidente deterioro, Santa Marta se prepara para un nuevo incremento en la tarifa del transporte público. El pasaje podría llegar hasta los $3.000, una decisión que vuelve a cargar el peso sobre los usuarios, mientras el servicio sigue estancado.

En Santa Marta el transporte público envejece, pero el pasaje no deja de subir. Buses con latas corroídas, asientos rotos y motores que fallan en plena vía siguen rodando por la ciudad como si el tiempo no pasara. Lo que sí avanza, puntual y sin retrasos, es el anuncio de un nuevo incremento en la tarifa.

La administración distrital confirmó que ya están en marcha las discusiones para definir el ajuste tarifario de 2026. Aunque el valor final aún no se ha fijado, el escenario que se mueve sobre la mesa es claro: el pasaje podría ubicarse entre los $2.900 y los $3.000, dependiendo de si los buses cuentan o no con aire acondicionado.

El secretario de Movilidad, Fidel Castro Tapia, explicó que el aumento no podrá superar el 10 % del valor actual, que hoy es de $2.700. En caso de no lograrse acuerdos con los gremios del transporte, el incremento se ajustaría al 5,1 %, correspondiente al IPC. En cualquier escenario, el usuario pagará más.

La molestia ciudadana no está centrada solo en el dinero. Está en la sensación de abuso. Año tras año, la tarifa sube, pero el servicio no mejora. No hay buses nuevos, no hay cambios estructurales en las rutas y tampoco avances visibles en seguridad, comodidad o puntualidad. Para muchos, el transporte público de Santa Marta no solo se quedó atrás, sino que va en reversa.

Usuarios frecuentes advierten que las condiciones de los vehículos representan incluso un riesgo. Frenos deficientes, llantas desgastadas y fallas mecánicas se han vuelto parte del paisaje cotidiano. “Nos cobran más, pero viajamos peor”, es la frase que se repite en paraderos y buses abarrotados.

El impacto del aumento va más allá del inconformismo. Para miles de trabajadores, estudiantes y vendedores informales, el transporte público es una necesidad diaria que se come una parte cada vez mayor del ingreso. Un pasaje cercano a los $3.000 significa menos comida, menos ahorro y más sacrificios en hogares ya golpeados por el costo de vida.

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Desde la institucionalidad se habla de mesas técnicas y consensos, pero en la calle la percepción es otra. La gente siente que las decisiones se toman sin exigirle nada a cambio a los empresarios del transporte. No hay compromisos claros de renovación de flota ni de mejoras reales antes de autorizar el incremento.