“Ya está bueno de los abusos”: Abelardo de la Espriella ordena revisar legalidad de cámaras de todo el país


El Ministerio de Transporteanunció que adelantará esta revisión integralcon las entidades competentes, puesto que la instrucción contempla revisar posibles irregularidades, abusosy sistemas que no cuenten con una justificación adecuada.

La polémica por las cámaras de fotodetección en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena terminó escalando hasta el Gobierno nacional. Luego de que la Ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidiera suspender la entrada en operación de tres nuevos dispositivos en este corredor, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar el funcionamiento y la legalidad de las cámaras de fotomultas que operan en todo el territorio colombiano.

La decisión fue respaldada públicamente por el mandatario, quien calificó como necesario revisar a fondo estos mecanismos y cuestionó que puedan convertirse en instrumentos de recaudo a costa de los ciudadanos.

Ya está bueno de tantos abusos”, señaló De la Espriella en su pronunciamiento, en el que además pidió a la ministra revisar la situación de las fotomultas en el país.

Las tres nuevas cámaras de velocidad estaban previstas para sumarse a las cuatro que actualmente funcionan en este corredor vial. De haberse puesto en operación, la Vía al Mar habría contado con un total de siete dispositivos de fotodetección.

Para Noguera, esa cantidad resulta excesiva y las decisiones relacionadas con la fotodetección deben estar sustentadas en criterios técnicos y de seguridad vial. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, sostuvo.

Y es que la postura desde el gobierno nacional parece ser clara: una cámara no debería instalarse únicamente porque pueda generar comparendos. La prioridad, según el Ministerio de Transporte, debe estar en la combinación de ingeniería vial, señalización, pedagogía y control.

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La controversia también ha generado cuestionamientos entre conductores y sectores económicos y turísticos del Atlántico, que han advertido sobre los posibles efectos de las restricciones de velocidad en los tiempos de desplazamiento hacia Barranquilla y Cartagena.


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