El municipio se volcó a las calles para pedir la libertad de Omar José Castellar de Oro, señalado por la muerte de una bebé de un año. Familiares, vecinos y amigos aseguran que es un falso positivo judicial y que las pruebas demostrarían que no estaba en el lugar del crimen.

El nombre de Omar José Castellar de Oro dejó de ser el de un campesino más de Sabanas de San Ángel para convertirse en un símbolo de indignación colectiva. Desde que la Policía lo presentó como el supuesto responsable del asesinato de la bebé de un año, Luciana Piña, su familia no ha tenido un minuto de paz. Tampoco el pueblo que lo vio crecer. Todos coinciden en lo mismo: “están destruyendo a un inocente”.

La reacción estalló. Las calles del municipio se llenaron de camisetas blancas, pancartas y gritos de protesta. No se trató de un arrebato emocional —dicen sus allegados— sino de la defensa de un hombre cuya vida, aseguran, está siendo arruinada por una investigación llena de vacíos, incoherencias y señalamientos apresurados.

“Esto es una injusticia atroz”

Los Castellar de Oro están devastados, pero firmes. Para ellos, lo que está ocurriendo es un atropello que nadie se merece.
Omar no solo fue esposado, detenido y exhibido ante el país como un asesino: fue condenado socialmente sin que, según su familia, exista una sola prueba sólida que lo ubique en la escena del crimen.

“No lo defendemos porque sea de la familia, lo defendemos porque hay evidencias reales que demuestran que no estaba allí”, repiten una y otra vez sus seres queridos.

Las amistades y vecinos que lo conocen desde toda la vida se suman al reclamo. Todos lo describen como un hombre de campo, trabajador, que jamás sería capaz de cometer un acto de esta naturaleza. “Le dañaron la vida y ni siquiera han investigado bien”, sentenció una vecina que lo ha visto “romperse el lomo” para sostener a los suyos.

Las pruebas que lo alejan del crimen

La defensa y la familia han empezado a reunir las piezas que, aseguran, desmontan la versión de la policía.
Según ellos, Omar estaba en el corregimiento de Apure, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el degollamiento de la bebé. A esa misma hora —afirman— estaba reunido con otras personas que hoy están dispuestas a declarar bajo juramento.

Estos testimonios no son los únicos. La familia habla de irregularidades en el proceso, inconsistencias en las versiones iniciales y hasta omisiones que, creen, apuntan a que las autoridades se apresuraron a capturar “al más fácil”, dejando de lado otras líneas que involucran directamente a la madre de la menor y al contexto de una maternidad temprana marcada por conflictos psicológicos y familiares.

La marcha que estremeció al pueblo

La tensión acumulada terminó desbordándose.
Un amplio grupo de habitantes salió a las calles de Sabana de San Ángel con una exigencia clara: “Liberen a Omar, investiguen la verdad”.

Carteles con mensajes como “No más falsos positivos judiciales”, “Omar es inocente” y “La justicia se respeta, no se improvisa” llenaron las vías principales del pueblo. Muchos lloraban; otros simplemente caminaban en silencio, como quien acompaña a un amigo rumbo al cadalso.

La imagen fue contundente: un pueblo entero defendiéndolo.

Un caso que no cuadra

Mientras tanto, Omar sigue en una celda, presentado por la policía como un “resultado positivo”.
Pero su equipo de abogados asegura tener soporte técnico, testimonial y jurídico suficiente para desmontar la acusación y demostrar que se está construyendo una verdad que no corresponde a los hechos.

El temor del pueblo es claro: que este caso termine siendo otro error judicial que destruya la vida de un hombre honrado solo porque era el más fácil de señalar.

Por ahora, la presión aumenta. La familia no se rinde. Los vecinos tampoco. Y en Sabanas de San Ángel todos tienen la misma frase atravesada en la garganta:

“Si la justicia falla, el daño será irreversible.”