Un expediente judicial presentado en Estados Unidos señala al hombre fuerte del chavismo como pieza clave de una presunta alianza con la guerrilla colombiana para el narcotráfico. Washington lo ubica en el centro de una red criminal transnacional y eleva la presión contra el círculo más cercano de Nicolás Maduro.

La ofensiva judicial de Estados Unidos contra el poder chavista sumó un nuevo nombre de alto perfil. Esta vez, el foco apunta directamente a Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del régimen venezolano y actual ministro del Interior, Justicia y Paz, por quien la Casa Blanca ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares.

La acusación formal, incorporada dentro del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro, sitúa a Cabello como un actor central de una supuesta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. Para los fiscales estadounidenses, no se trata de un vínculo marginal, sino de una participación activa y sostenida desde las más altas esferas del poder en Caracas.

El expediente judicial describe una presunta alianza entre Cabello y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el objetivo de consolidar rutas estratégicas para el envío de estupefacientes fuera de Venezuela.

Según la investigación, estos contactos habrían servido para garantizar el tránsito seguro de cargamentos de droga hacia mercados internacionales, con énfasis en Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos, Cabello habría realizado desplazamientos hacia zonas fronterizas con Colombia, donde presuntamente sostuvo encuentros directos con integrantes del grupo armado.

Estas visitas, señalan los fiscales, tenían un propósito claro: afianzar acuerdos logísticos, coordinar operaciones y blindar las rutas del narcotráfico bajo protección estatal.

Ante la gravedad de los señalamientos, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que permita ubicar y capturar a Cabello. Washington lo considera una pieza determinante dentro de una red criminal de alcance transnacional que, según su tesis, opera con respaldo del aparato estatal venezolano.

Este nuevo capítulo refuerza la postura estadounidense sobre la existencia de vínculos directos entre altos funcionarios del chavismo y organizaciones armadas ilegales de la región. La acusación contra Cabello profundiza el cerco judicial y diplomático contra el entorno más cercano de Maduro, mientras el régimen venezolano enfrenta un aislamiento internacional cada vez más marcado.

Para Estados Unidos, el mensaje es claro: la persecución no se limita al jefe del Estado, sino que avanza contra quienes considera pilares de una estructura criminal enquistada en el poder. Y ahora, Diosdado Cabello está oficialmente en la mira.