Mientras Parques Nacionales habla de una intervención legal para frenar una invasión, los mamos denuncian atropellos y advierten que impedirán que turistas ingresen.

El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona entre el 1 y el 15 de febrero, que normalmente suele transcurrir en silencio para permitir la recuperación ambiental y los pagamentos indígenas, terminó esta vez en tensión, caos y anuncios de protestas.

En el sector de Cañaveral, a cinco kilómetros de El Zaino y en cercanías del hotel Tequendama, unidades de la Policía y el Ejército acompañaron a funcionarios de Parques Nacionales en un operativo que incluyó el desalojo y la demolición de estructuras que habían sido adecuadas por la comunidad para reactivar servicios turísticos.

Lo que para la autoridad ambiental fue un procedimiento legal para controlar una ocupación indebida, para los indígenas kogui fue un atropello en el “corazón del mundo”.

La reacción no se hizo esperar: líderes y mamos anunciaron que podrían impedir la reapertura del parque después de este 15 de febrero si no hay una respuesta del Gobierno.

El operativo que cambió el ambiente

En Cañaveral existía una plazoleta donde funcionó un restaurante y una edificación de dos niveles que operó como museo. A finales de 2025, la Junta de Acción Comunal de El Zaino y la comunidad kogui estudiaron la posibilidad de recuperar esos inmuebles para prestar servicios al turismo creciente.

A través de la asociación Muñkuawinmaku, las autoridades tradicionales aseguran que enviaron un oficio al Ministerio de Ambiente solicitando acompañamiento institucional. Con donaciones y préstamos comenzaron las adecuaciones. La terraza y el bohío —convertido nuevamente en restaurante— estaban listos para operar tras el cierre temporal.

Pero el lunes 9 de febrero, según relatan los líderes, recibieron un operativo como respuesta. El parque fue acordonado y en cuestión de horas las construcciones fueron desmontadas. Un procedimiento riguroso de las autoridades redujo a escombros lo que la comunidad consideraba una oportunidad económica y un símbolo de gestión compartida.

Parques Nacionales sostiene que las edificaciones estaban siendo ampliadas sin autorización y que la intervención se realizó bajo orden administrativa, en cumplimiento de los lineamientos de conservación y de la llamada Línea Negra, que delimita el territorio ancestral de los pueblos de la Sierra Nevada.

“Vamos a cerrar el parque”

La indignación indígena quedó registrada en un video que circuló tras el operativo. Allí, el mamo José Martín Pinto Zalabata —quien se identifica como autoridad espiritual del sector— cuestiona con dureza la actuación estatal.

“Tumbaron toda la carguilla, todos los baños que eso costó mucho dinero. A nadie le interesó eso. Yo soy mamo del parque y pienso que está haciendo mucho daño. Eso es mal hecho, eso no es bueno”, afirmó.
El líder fue más allá y lanzó una advertencia:

“Mejor vamos a cerrar el parque Tayrona. No lo vamos a abrir. Ningún gobierno va a abrir esto”.

Sus palabras reflejan el malestar de una comunidad que reclama respeto por sus inversiones y mayor participación en la administración del área protegida.

Julián Nolavita, Santiago Nolavita y el líder comunal Paulo Sánchez también denunciaron falta de concertación y pidieron al Gobierno una rendición de cuentas sobre la gestión del parque en la última década.

Turismo comunitario vs. control ambiental

Detrás del choque hay dos visiones.

Por un lado, la comunidad sostiene que venía consolidando un modelo de turismo comunitario alineado con las políticas de paz y desarrollo del Gobierno Nacional, con el objetivo de generar ingresos para campesinos e indígenas, impulsar la restauración de corales y proteger manglares. “Somos guardianes del territorio. Estamos trabajando por el resarcimiento ambiental”, señalaron voceros.

Por otro, la Unidad de Parques argumenta que se trataba de una ocupación irregular en un área protegida y que era necesario frenar la expansión de estructuras sin autorización. Hablan de invasión y de un procedimiento respaldado por la normatividad vigente.

Mientras tanto, el parque permanece cerrado y no hay certeza si el domingo 15 de febrero que culmina las restricciones al turismo, podrá rehabilitarse el ingreso normal a visitantes.

A la controversia se suman las lluvias persistentes que han afectado senderos y que, según fuentes oficiales, podrían retrasar la reapertura hasta que se hagan adecuaciones de seguridad.

Un pulso que trasciende Cañaveral

El Tayrona no es solo uno de los destinos turísticos más visitados del país; es también territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada intervención en su interior toca fibras culturales y espirituales profundas.

La amenaza de impedir da lugar a un escenario delicado: el impacto económico sobre operadores turísticos y comunidades locales sería inmediato, pero también lo sería el costo político de una confrontación prolongada con los pueblos originarios.

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Por ahora no hay anuncio oficial que confirme o descarte la apertura este fin de semana. Lo cierto es que el ambiente que debía ser de reapertura y reactivación económica se transformó en un pulso institucional que mantiene tensiones fuertes en uno de los parques más emblemáticos de Colombia.