El alcalde de Guachetá y el gobernador de Cundinamarca confirmaron que los seis trabajadores atrapados tras la explosión de una mina de carbón la noche del 5 de febrero fallecieron por inhalación de gases tóxicos, mientras las autoridades esperan condiciones seguras para culminar la extracción.

En la noche del miércoles 5 de febrero de 2026, una fuerte explosión sacudió una mina de carbón ubicada en zona rural de Guachetá, Cundinamarca, dejando a seis trabajadores atrapados a 170 metros bajo tierra. Más de 36 horas después, las autoridades confirmaron oficialmente que todos los mineros perdieron la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos acumulados en el socavón.

El estallido, asociado a la presencia de gas metano, alteró de manera drástica las condiciones internas de la mina. Desde las primeras horas de la emergencia, los equipos de rescate advirtieron que el ambiente era altamente peligroso y que cada minuto que pasaba reducía las probabilidades de encontrar con vida a los trabajadores. Mientras tanto, familiares de los mineros permanecieron en las afueras del socavón entre la angustia, la esperanza y, finalmente, el dolor.

Tras mediciones técnicas realizadas en el interior de la mina, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Guachetá confirmaron el fallecimiento de los seis trabajadores. El mandatario departamental fue claro al explicar la gravedad de las condiciones:

“Hay acumulación de gases, lo que hace que la tarea de búsqueda se dificulte… la profundidad no ha permitido llegar al punto exacto, pero las mediciones indican que las condiciones eran incompatibles con la vida”.

Las autoridades ratificaron los nombres de las víctimas: Iván Martínez, Arnol Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia. Sus familias han recibido acompañamiento psicosocial y apoyo de la administración local, en medio de un ambiente de duelo colectivo que ha impactado a toda la comunidad minera de la región.

Desde el momento del accidente, más de 20 integrantes de la Unidad de Rescate Minero y cerca de 40 socorristas de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía Nacional trabajaron de manera coordinada. Se instalaron ventiladores especializados para intentar reducir la concentración de metano y permitir el avance seguro de los equipos dentro del túnel.

El departamento de Cundinamarca mantiene activo un puesto de mando unificado para coordinar las acciones en el lugar de la tragedia. Aunque los cuerpos aún no han sido extraídos —pues las autoridades esperan condiciones completamente seguras para culminar el procedimiento—, el deceso de los seis mineros ya ha sido confirmado oficialmente.

Que sucedió en la mina

Las investigaciones preliminares apuntan a que la causa directa de las muertes fue la inhalación de gases tóxicos, principalmente metano, que se acumuló tras la explosión. Aunque el estallido generó inestabilidad en algunas zonas del túnel, las autoridades han señalado que el factor determinante no fue un derrumbe, sino la exposición prolongada a un ambiente altamente contaminado.

Técnicamente, la explosión se originó por la acumulación excesiva de gas metano, un compuesto altamente inflamable presente en minas de carbón. La falta de un sistema de ventilación eficiente permitió que este gas alcanzara niveles críticos, desencadenando la tragedia.

A esto se suma un problema estructural: según el gobernador Jorge Emilio Rey, la mina presuntamente tenía órdenes de cierre por parte de la CAR y de la Agencia Nacional Minera, lo que indicaría que no cumplía con los requisitos legales ni con los estándares de seguridad exigidos para operar. Aunque esta información aún está en proceso de verificación, todo apunta a una operación irregular.

El caso refleja un patrón que se repite en la región: minas clausuradas que vuelven a ser reabiertas de manera informal. Aunque las alcaldías realizan los cierres y notifican a las autoridades competentes, no cuentan con personal permanente para garantizar que los sellos no sean retirados y las labores retomadas clandestinamente.

Además, la mina carecía de medidas básicas de seguridad industrial: no tenía monitoreo adecuado de gases, ni ventilación constante, ni protocolos de emergencia robustos, lo que incrementó significativamente el riesgo para los trabajadores.

La operación diaria del socavón involucraba a menos de diez personas y se encontraba en una zona apartada, lo que dificulta los controles administrativos y la presencia permanente de autoridades, dejando a los mineros en una situación de vulnerabilidad constante.

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Con la confirmación oficial del fallecimiento de los seis mineros, Guachetá acompaña a sus familias en estos momentos difíciles mientras las autoridades avanzan con los investigaciones sobre la condiciones de como operaba la mina, así como lo correspondientes y se preparan para culminar las labores una vez existan condiciones seguras dentro del socavón.