Un video publicado por el funcionario de Zona Bananera, Héctor Zuleta Rovira, con el que pretendía mostrar un gesto solidario, desató rechazo ciudadano al evidenciar a un niño trabajando en las calles en lugar de estar en el colegio, una práctica prohibida por la ley.

El video fue pensado para generar buenos comentarios. Para mostrar cercanía, sensibilidad social y aplausos en redes. Pero el efecto fue el contrario.

La grabación publicada por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana de Zona Bananera, Héctor Zuleta Rovira, terminó convirtiéndose en el detonante de una ola de críticas y rechazo ciudadano en Ciénaga y el Magdalena, al mostrar a un niño trabajando en las calles de ese municipio mientras el funcionario lo acompaña, lo graba y lo expone como contenido institucional.

El material, difundido en un espacio denominado “Zuleta resuelve”, muestra a un menor junto a su padre recorriendo el municipio con canastas de galletas y dulces para la venta. Durante el trayecto, el secretario interactúa con el niño, le hace preguntas frente a la cámara y registra la escena como si se tratara de un acto positivo.

Al final del video, Zuleta entrega al padre del menor un billete —aparentemente de 50 mil pesos—, gesto que intenta cerrar la escena como una ayuda solidaria. Sin embargo, lejos de los aplausos esperados, el contenido fue interpretado por amplios sectores como la normalización de una conducta que la ley colombiana prohíbe de forma expresa: el trabajo infantil.

Las críticas apuntan a que, en lugar de activar rutas de protección o remitir el caso a las autoridades competentes, el funcionario optó por grabar y difundir una situación en la que un niño debería estar en el colegio, no trabajando en las calles.

Desde el punto de vista legal, el cuestionamiento es claro. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y que deben ser protegidos contra cualquier forma de explotación laboral. A ello se suma el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que prohíbe el trabajo infantil y obliga al Estado a garantizar la permanencia de los menores en el sistema educativo.

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Colombia, además, es signataria de los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fijan la edad mínima para trabajar y prohíben incluso aquellas formas de trabajo que, aunque informales, exponen a los niños a riesgos físicos, psicológicos y sociales.

Para los críticos, el problema no fue solo el gesto, sino el mensaje público. Señalan que un funcionario responsable de la convivencia ciudadana no puede buscar likes y aprobación mostrando a un niño trabajando, sino que debe actuar conforme a la ley y proteger sus derechos.

Lo que pretendía ser un video de aplausos terminó convertido en un ejemplo de lo contrario.