El Gobierno Nacional puso en marcha un plan piloto para cerrar el paso a las comunicaciones ilegales que salen desde las cárceles de Colombia, con especial atención a las llamadas y mensajes utilizados para realizar extorsiones, impartir órdenes y coordinar actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

La estrategia contempla rastrear las comunicaciones, identificar los celulares y tarjetas SIM utilizados desde las cárceles y solicitar su bloqueo, además de avanzar en pruebas de inhibición de señal que permitan cortar las comunicaciones dentro de los establecimientos sin afectar a los barrios ubicados en sus alrededores.

Rastreo de celulares y tarjetas SIM

Uno de los principales componentes consiste en identificar desde qué equipos y líneas se están realizando comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Para ello, el INPEC y el Ministerio de Justicia cuentan con las herramientas establecidas en el Decreto 851 de 2024, que permite solicitar a los operadores el bloqueo de los códigos IMEI de los teléfonos y IMSI asociados a las tarjetas SIM o eSIM desde las cuales se hayan detectado comunicaciones no autorizadas.

El IMEI identifica al equipo celular, mientras que el IMSI permite identificar la línea o módulo SIM utilizado para conectarse a la red. De esta manera, el objetivo es que un teléfono o una línea detectados dentro de una cárcel no puedan continuar utilizándose para comunicarse con el exterior.

Según información oficial divulgada en septiembre, entre enero de 2025 y febrero de 2026 se identificaron 9.474 registros de posibles llamadas originadas desde establecimientos penitenciarios, después de cruzar información de denuncias de extorsión con la ubicación de las cárceles.

El reto: bloquear la cárcel sin dejar sin señal al barrio

Uno de los mayores desafíos de la estrategia está en evitar que los mecanismos de bloqueo terminen afectando a las personas que viven o trabajan alrededor de los centros penitenciarios.

Por esa razón, el Gobierno estudia pilotos de inhibición técnica y bloqueos focalizados, con mediciones que permitan comprobar que la señal quede restringida dentro de las cárceles sin tumbar la conectividad de las zonas vecinas.

El vocero presidencial Miller Soto explicó que la estrategia no se limitará a instalar inhibidores, sino que combinará tecnología con controles físicos dentro de los establecimientos.

“El Inpec puede pedir a las telefónicas el bloqueo del IMEI del aparato y del IMSI de la SIM, identificar de dónde sale, con qué red, con qué aplicación y actuar antes de que la víctima ya haya pagado”, señaló Soto.

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También van por WhatsApp

El plan contempla además las comunicaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp.

El Gobierno informó que se están adelantando conversaciones con Meta, empresa propietaria de WhatsApp, para abordar de manera específica las cuentas y comunicaciones que puedan estar relacionadas con actividades delictivas originadas desde establecimientos penitenciarios.

La estrategia incluye mesas de trabajo permanentes entre los ministerios de Justicia y TIC, el INPEC, el Gaula, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y los operadores móviles, con el propósito de agilizar la identificación y bloqueo de las comunicaciones ilegales.

Bellavista, uno de los primeros pilotos

Dentro de las propuestas que se han puesto sobre la mesa está la posibilidad de convertir la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia, en uno de los primeros establecimientos utilizados para probar un modelo de control integral contra las llamadas extorsivas. La propuesta fue presentada en la Cámara de Representantes y posteriormente acogida para su evaluación por el Ministerio de Justicia.

El objetivo es medir los resultados no solamente por la cantidad de celulares incautados, sino por cuántas comunicaciones extorsivas dejan efectivamente de salir de las cárceles.

Más controles dentro de las celdas

La estrategia también contempla reforzar las requisas, controlar el ingreso de teléfonos y revisar las conexiones eléctricas clandestinas utilizadas para mantener cargados los dispositivos.

El Gobierno reportó que durante los primeros 50 días de la administración se realizaron 4.080 operativos de registro y control y se desconectaron 10.716 redes eléctricas clandestinas en establecimientos penitenciarios.

La apuesta oficial es cortar una de las herramientas que, según las autoridades, permite que personas privadas de la libertad continúen coordinando delitos desde los centros de reclusión.

“El patio no es el que manda, manda la ley. Hasta que se vea en la calle menos llamadas, menos vacunas, más silencio en la celda, este frente no se va a cerrar”, afirmó Miller Soto.

El plan se encuentra en fase de implementación y evaluación, mientras las autoridades deberán determinar qué mecanismos permiten reducir las comunicaciones ilegales sin afectar las redes de telefonía de las comunidades cercanas a las cárceles.