Se armó la pelea por Santurbán: MinAmbiente del gobierno de Abelardo revoca protección de 1.499 hectáreas que frenaba la minería


El Ministerio de Ambiente dejó sin efecto la resolución que había declarado como reserva 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en Santander. La decisión fue tomada por presuntas irregularidades en el trámite y vuelve a encender la discusión entre quienes defienden la protección ambiental y quienes respaldan las actividades económicas en la zona.

El Ministerio de Ambiente del gobierno de Abelardo de la Espriella, bajo la dirección de Fabio Arjona, revocó la resolución que había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo un área de 1.499 hectáreas ubicada en la microcuenca de la quebrada La Baja, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y deja sin efecto las medidas que restringían actividades en esta zona.

¿Por qué tumbaron la reserva?

El Ministerio explicó que encontró irregularidades durante el trámite administrativo que llevó a declarar la zona como reserva.

Uno de los argumentos está relacionado con una recusación que se encontraba pendiente contra la entonces ministra encargada. Según la cartera, mientras ese procedimiento estaba en curso se habría expedido la resolución, pese a que la actuación administrativa debía permanecer suspendida.

El Gobierno también citó una decisión judicial relacionada con los habitantes del municipio de California, Santander, en la que se protegieron sus derechos al debido proceso y a la participación.

La decisión también afecta las restricciones a la minería

Con la revocatoria de la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, pierden vigencia los efectos jurídicos de esa declaratoria de reserva.

Esto significa que también quedan sin efecto las medidas que restringían determinadas actividades, entre ellas las relacionadas con la actividad minera dentro del área específica que había sido protegida.

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La zona tiene una extensión de 1.499 hectáreas y está ubicada en la microcuenca de la quebrada La Baja, un territorio que ha estado en el centro de la discusión ambiental por su relación con el ecosistema de Santurbán y por los intereses mineros presentes en la región.

El Gobierno dice que no está abandonando la protección ambiental

La decisión generó preocupación entre sectores ambientalistas, pero el Ministerio de Ambiente aseguró que revocar la resolución no significa renunciar a la protección de la zona.

La cartera anunció que realizará una evaluación técnica y jurídica integral para establecer cuál será el mecanismo adecuado para proteger la microcuenca.

El Gobierno sostiene que cualquier nueva decisión deberá contar con respaldo científico, cumplir los requisitos legales y garantizar la participación de las comunidades que viven en el territorio.

Es decir, la reserva fue revocada, pero el debate sobre cómo proteger La Baja todavía no termina.

Ambientalistas prendieron las alarmas

La decisión ya provocó rechazo entre organizaciones que defienden el ecosistema de Santurbán.

El Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán cuestionó la revocatoria y anunció que analiza nuevas acciones legales y movilizaciones para defender la protección ambiental de la zona.

Los ambientalistas advierten que cualquier cambio en las medidas de protección puede tener consecuencias sobre los recursos hídricos que abastecen a poblaciones de Santander y Norte de Santander.

Por eso, para estos sectores la discusión no se limita a una resolución administrativa: está en juego la protección de fuentes de agua y de un ecosistema considerado estratégico para la región.

Una pelea que vuelve a abrirse

La decisión del Ministerio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que lleva años enfrentando a ambientalistas, comunidades, autoridades y sectores interesados en la actividad minera.

Ahora el Gobierno deberá definir qué mecanismo utilizará para proteger la microcuenca de La Baja y bajo qué condiciones se desarrollarán las actividades económicas en el territorio.


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