La iniciativa, presentada en el Congreso por el representante Jaime Arizabaleta, busca endurecer el tratamiento judicial para adolescentes implicados en delitos de alto impacto. El proyecto reabre uno de los debates más sensibles del país: castigar con mayor severidad a los menores o mantener un modelo centrado en su protección y resocialización.

La discusión sobre el papel de los adolescentes en algunos de los crímenes que más han conmocionado al país volvió al centro del escenario político. Esta vez, con un proyecto de ley que pretende cambiar de fondo la forma en que responde la justicia cuando un menor de edad participa en delitos como homicidios o sicariatos.

La propuesta fue presentada por el representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del partido Centro Democrático, y lleva por nombre «Ley Miguel», en referencia al caso de Miguel Uribe Turbay. Su objetivo es que los adolescentes de 14 años en adelante puedan recibir el mismo tratamiento judicial que un adulto cuando sean responsables de conductas consideradas de extrema gravedad.

El argumento: las bandas criminales usan a menores como escudo

Quienes impulsan la iniciativa sostienen que las estructuras delincuenciales han encontrado en la legislación actual una ventaja para reclutar adolescentes y utilizarlos como autores materiales de asesinatos, atentados y otros delitos de alto impacto.

Según Jaime Arizabaleta, el Estado debe cerrar ese espacio que, a su juicio, ha permitido que menores sean instrumentalizados por organizaciones criminales.

«No podemos seguir permitiendo que los menores sean usados para cometer los hechos más graves», ha insistido el congresista al defender la propuesta.

El proyecto plantea modificar el tratamiento que actualmente reciben estos jóvenes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes cuando estén involucrados en hechos especialmente graves.

Un proyecto que apenas comienza su camino

Aunque la propuesta ya empezó a generar un intenso debate nacional, su recorrido legislativo apenas inicia. La denominada «Ley Miguel» deberá superar varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley.

Durante ese trámite será analizada tanto por quienes consideran urgente endurecer las sanciones frente a delitos violentos como por sectores que defienden el actual modelo de justicia juvenil.

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Un país dividido entre castigo y resocialización

La iniciativa volvió a enfrentar dos visiones sobre cómo responder cuando un adolescente participa en un crimen.

De un lado están quienes consideran que la gravedad de ciertos delitos exige sanciones similares a las que recibe un adulto, especialmente cuando se trata de homicidios o sicariatos.

Del otro, organizaciones y expertos en justicia juvenil sostienen que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe conservar su enfoque pedagógico y de resocialización, al considerar que los menores siguen siendo sujetos de especial protección.

Mientras la «Ley Miguel» inicia su trámite en el Congreso, el país vuelve a preguntarse hasta dónde debe llegar la justicia cuando quienes aprietan el gatillo todavía son adolescentes.