La decisión del presidente Abelardo De la Espriella de descartar las plantas desalinizadoras hizo retroceder la búsqueda de una solución nacional para el agua de Santa Marta a una etapa que la ciudad creía superada: reuniones, revisión de alternativas y análisis de viabilidad. El alcalde Carlos Pinedo admite que todavía desconoce las razones técnicas detalladas que llevaron al Gobierno a tumbar el proyecto y deberá sentarse esta semana con el ministro de Vivienda para conocerlas. Mientras Bogotá define qué hacer con los más de $786.000 millones previstos, el Distrito mantiene su propia apuesta: El Curval.

Santa Marta tenía una alternativa escogida. Tenía un CONPES. Tenía más de $786.000 millones proyectados por la Nación. Había localizado terrenos, adelantado trámites y, apenas semanas atrás, funcionarios distritales anunciaban que los obstáculos de las plantas desalinizadoras habían sido superados y el proceso podía avanzar.

Hoy la ciudad vuelve a una frase que conoce demasiado bien: hay que estudiar qué hacer.

Ese es quizás el efecto más profundo de la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de sepultar las plantas desalinizadoras. Más allá de acabar con un proyecto heredado del Gobierno de Gustavo Petro, la determinación devolvió la gran solución nacional para el abastecimiento de Santa Marta a una fase de reuniones, alternativas y evaluaciones.

El propio Presidente lo dejó establecido.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que corresponde hacer para que Santa Marta tenga agua”, manifestó De la Espriella después de asegurar que las desalinizadoras ya no eran técnicamente viables.

También garantizó que los recursos permanecen en el Confis y prometió encontrar otro camino. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha anunciado cuál será.

De una solución definida a buscar nuevamente una solución

El cambio ocurrido en menos de un mes resulta difícil de ignorar.

El 30 de agosto, el gerente de Infraestructura de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez, anunciaba públicamente que el proyecto se había “destrabado” después de una reunión entre el alcalde y el Ministerio de Vivienda.

La expectativa era avanzar hacia una nueva etapa contractual. Incluso se hablaba de la transferencia de recursos para una primera fase.

El 18 de septiembre ocurrió otro paso: ESSMAR informó que había registrado el predio La Esperanza, en Pozos Colorados, donde se proyectaba una de las plantas. Su gerente, David Millán, calculaba entonces que, siguiendo la estructuración prevista, Santa Marta podía tener en aproximadamente tres años una desalinizadora produciendo hasta 600 litros por segundo.

Siete días después, el Presidente anunció que el proyecto no iba.

Así, en cuestión de semanas, Santa Marta pasó de discutir cómo ejecutar una alternativa a tener que preguntarse nuevamente cuál alternativa ejecutar.

Pinedo tampoco conoce todavía las razones de fondo

Existe otro elemento que aumenta la incertidumbre.

El alcalde Carlos Pinedo, quien durante meses gestionó el proyecto con dos gobiernos nacionales, aseguró que todavía no conoce las especificaciones técnicas que llevaron a Abelardo De la Espriella a concluir que las desalinizadoras dejaron de ser viables.

Por eso, una de las primeras tareas de la reunión que sostendrá con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, será precisamente pedir esas explicaciones.

“Vamos a tener las mesas de trabajo para ver cuáles son las justificaciones que tiene el Gobierno Nacional y técnicamente por qué no son viables las plantas”, señaló Pinedo.

La frase deja una paradoja difícil de pasar por alto: la ciudad ya perdió el proyecto, pero todavía está esperando conocer detalladamente las razones técnicas por las cuales lo perdió.

De la Espriella aseguró públicamente que la alternativa no era viable. Pero hasta ahora no se ha divulgado junto con su anuncio un estudio técnico detallado que permita establecer qué cambió frente a una iniciativa que había recorrido durante años procesos de estructuración y revisión.

$786.000 millones existen, pero todavía no se sabe para qué obra

La buena noticia dentro del nuevo escenario es que el dinero, según coinciden el Presidente y el alcalde, continúa destinado a Santa Marta.

Las plantas desalinizadoras habían sido declaradas de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025, con inversiones proyectadas por $786.032 millones entre 2026 y 2030.

Pinedo ha insistido en que esos recursos son “inamovibles” para la ciudad.

El problema es otro: hoy todavía no está definido en qué solución serán invertidos.

De la Espriella anunció que el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía deberán sentarse a estudiar los proyectos existentes, revisar su viabilidad y escoger una nueva ruta. Entre las posibilidades aparece nuevamente traer agua desde el río Toribío, aunque Pinedo ha sido cuidadoso en aclarar que se trata apenas de una alternativa y que todavía no existe decisión alguna.

Es decir, el dinero sobrevivió, pero el proyecto desapareció.

Una ciudad que lleva décadas estudiando cómo conseguir agua

Ese regreso a las mesas técnicas tiene un peso especial en Santa Marta.

La ciudad ha conocido durante diferentes administraciones alternativas relacionadas con fuentes de la Sierra Nevada, trasvases, plantas de tratamiento, desalinizadoras y otras posibilidades. Algunas quedaron en diseños, otras enfrentaron dificultades financieras, contractuales o ambientales y varias terminaron atravesadas por cambios de gobierno.

Por eso la preocupación trasciende la discusión sobre si desalinizar agua del mar era o no la mejor opción.

La pregunta ahora es cuánto tiempo perderá Santa Marta mientras se escoge, estructura, estudia, viabiliza y eventualmente contrata la alternativa que reemplazará el proyecto descartado.

Porque cualquier nueva solución de gran escala tendrá que demostrar su viabilidad técnica, financiera, ambiental y jurídica antes de convertirse en obra.

Y el reloj para Santa Marta vuelve a correr.

ESSMAR defiende lo que se había construido

Dentro del propio aparato institucional de la ciudad tampoco existe coincidencia con la conclusión presidencial.

David Millán, gerente de ESSMAR, salió a defender la estructuración técnica adelantada y sostuvo que la estrategia construida para Santa Marta articulaba esfuerzos institucionales, financieros y de planificación.

Millán explicó además que “Pozos Colorados había sido escogido después de analizar condiciones para captar y tratar el agua del mar” y argumentó que producir agua en el sur no significaba que esta tuviera que consumirse exclusivamente allí, pues podía incorporarse al sistema de acueducto.

El gerente reconoció que existían aspectos de la estructuración que requerían reformulación para ajustarse al CONPES, pero defendió que había una solución técnica y financiera construida sobre la cual continuar trabajando.

Su posición introduce una pregunta que todavía necesita una respuesta oficial más detallada: ¿el problema hacía inviable la desalación como solución para Santa Marta o exigía corregir la estructuración particular del proyecto?

Petro: la solución sí era viable

El expresidente Gustavo Petro también contradice directamente la conclusión de su sucesor.

Petro sostiene que su Gobierno dejó financiada y estudiada la solución y ha cuestionado que De la Espriella la descarte sin tener inmediatamente definido un reemplazo. Tras conocerse la decisión, llegó incluso a convocar movilización ciudadana alrededor del proyecto.

Su posición, sin embargo, también ha estado atravesada por una controversia previa con la administración Pinedo sobre la ubicación de una de las plantas. Petro defendía una solución orientada hacia el norte, mientras ESSMAR argumentó que Pozos Colorados ofrecía ventajas técnicas y ambientales.

La discusión demuestra que el proyecto tenía asuntos pendientes y cuestionamientos. La Procuraduría había pedido previamente revisar componentes técnicos, jurídicos, financieros y contractuales, mientras sectores políticos como el representante Felipe Hernández reclamaban que cualquier investigación se adelantara sin convertir las dudas en otra barrera para solucionar el problema del agua.

Lo que todavía falta es conocer el documento técnico definitivo que llevó al actual Gobierno a pasar de revisar y eventualmente corregir el proyecto a descartarlo.

Pinedo queda nuevamente dependiendo de Bogotá

Para Carlos Pinedo la situación representa otro capítulo de una dificultad que han enfrentado sucesivos alcaldes de Santa Marta: las grandes soluciones de abastecimiento superan la capacidad financiera de una administración distrital y terminan dependiendo, en buena medida, de decisiones nacionales.

Pinedo insistió durante meses ante el anterior Gobierno y posteriormente ante De la Espriella. El pasado agosto pidió directamente al nuevo Presidente destrabar las desalinizadoras y recordó que Santa Marta llevaba generaciones esperando solucionar su deuda histórica con el agua.

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Finalmente consiguió que el proceso volviera a moverse.

Un mes después quedó sin proyecto.

Ahora tendrá que regresar al Ministerio de Vivienda, escuchar las razones técnicas de la decisión y comenzar a construir con la Nación otra alternativa.

En ese sentido, Pinedo termina siendo también víctima institucional de una historia repetitiva: cada cambio de rumbo nacional obliga a Santa Marta a revisar nuevamente soluciones que requieren años para madurar.

El Curval: la apuesta que no volvió al punto cero

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental frente a otras ocasiones.

Pinedo decidió que una parte de la solución no dependiera de Bogotá.

Mientras la Nación vuelve a estudiar qué hacer con sus $786.000 millones, el Distrito mantiene la ruta de El Curval, financiada con recursos propios de Santa Marta.

El contrato para la gerencia integral del sistema registra un valor superior a $893.000 millones, y el proyecto contempla planta de tratamiento, conducción y componentes destinados a aumentar la disponibilidad de agua para la ciudad.

Semanas antes del choque por las desalinizadoras, incluso se preparaba el inicio de la etapa constructiva y Pinedo había anunciado su intención de invitar al propio De la Espriella y al ministro de Vivienda a la colocación de la primera piedra. Ese proyecto sigue su camino.

Por eso el escenario actual tiene dos velocidades: Santa Marta avanza con los recursos que decidió comprometer por su cuenta en El Curval, mientras vuelve a sentarse con la Nación para decidir qué hacer con la otra gran inversión destinada a resolver el déficit.

Otra vez reuniones, estudios y espera

De la Espriella ha prometido que será el presidente que dejará solucionado el problema del agua de Santa Marta.

El compromiso está hecho y los recursos, según el Gobierno, permanecen asegurados.

Pero el punto de partida cambió.

Hace unas semanas Santa Marta tenía una alternativa nacional identificada, recursos proyectados, un CONPES, predios y una ruta que buscaba llegar a contratación.

Hoy tiene $786.000 millones y una pregunta: qué hacer con ellos.

Vendrán reuniones con el Ministerio. Se revisará el río Toribío. Podrán aparecer otras fuentes. Habrá análisis técnicos, financieros y ambientales. Después deberá escogerse una alternativa y convertirla en proyecto.

Es decir, Santa Marta vuelve a una etapa que creyó haber dejado atrás.

Mientras tanto, los barrios seguirán viviendo con bajas presiones, turnos, carrotanques y protestas cada vez que el servicio desaparece.

La discusión ya no debería reducirse a Petro contra De la Espriella, ni siquiera a desalinizadora sí o desalinizadora no.

La verdadera pregunta es mucho más incómoda:

¿cuántos años más puede perder Santa Marta comenzando nuevamente a estudiar cómo resolver un problema que lleva décadas estudiando?