El Magdalena propone un centro estratégico de seguridad con 105 cámaras para enfrentar el crimen organizado, pero el proyecto permanece detenido desde octubre de 2025 a la espera de financiación del Gobierno Nacional.

Mientras la violencia se reorganiza en corredores rurales y urbanos del Magdalena, un proyecto planteado por la Gobernación del Magdalena para vigilar, reaccionar y anticiparse a los delitos sigue detenido en un escritorio en Bogotá.

La Sala SIES de Zona Bananera —una apuesta del Gobierno departamental para enfrentar el crimen organizado y blindar los procesos democráticos— tiene viabilidad técnica, presupuesto definido y diseño estructurado. Lo único que le falta es el dinero de la Nación. Y esa espera ya cumple meses.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, llevará nuevamente la propuesta ante el Gobierno Nacional durante la Comisión de Seguimiento Electoral de este jueves, en un intento por destrabar un proyecto que permanece pendiente de viabilidad financiera desde octubre de 2025.

Un proyecto listo, pero sin luz verde

La iniciativa no es nueva. Fue diseñada durante la administración del exgobernador Carlos Caicedo y concebida como una respuesta tecnológica frente al avance del crimen organizado en zonas estratégicas del departamento.

El proyecto fue radicado ante el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) del Ministerio del Interior y ya superó la evaluación técnica. En otras palabras: cumple los requisitos.

Sin embargo, el paso definitivo —la aprobación financiera— aún no llega.

Mientras tanto, los municipios siguen enfrentando problemas de seguridad con herramientas limitadas y sin un sistema integral de monitoreo que permita reacción inmediata ante emergencias.

El corazón tecnológico contra el delito

La Sala SIES (Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad) está proyectada como un centro de control en tiempo real capaz de articular a la Policía, Ejército, autoridades civiles y organismos de control desde un mismo punto operativo.

La apuesta incluye:

Construcción de infraestructura especializada por $11.000 millones, financiados con recursos propios de la Gobernación.

Instalación de un sistema de 105 cámaras de vigilancia CCTV distribuidas en el departamento.

Financiación compartida del sistema tecnológico:

80% Ministerio del Interior (aproximadamente $21.760 millones).

20% Gobernación del Magdalena ($5.440 millones).

En total, la inversión asciende a $38.200 millones.

El objetivo es claro: monitorear movimientos sospechosos, reaccionar ante emergencias y anticipar situaciones que puedan alterar el orden público, especialmente en municipios incluidos dentro de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), territorios históricamente golpeados por la violencia.

Seguridad y elecciones: la preocupación de fondo

La propuesta será presentada en el marco de la Comisión de Seguimiento Electoral, escenario donde las autoridades evalúan riesgos para el proceso democrático en regiones vulnerables.

Zona Bananera y municipios cercanos han sido señalados en distintos momentos como territorios sensibles por la presencia de estructuras criminales, economías ilegales y disputas territoriales que impactan la seguridad ciudadana y electoral.

Sin un sistema integrado de monitoreo, las autoridades operan reaccionando después del delito, no antes. Y esa diferencia puede definir la estabilidad institucional en épocas electorales.

Una carrera contra el tiempo

Desde la Gobernación sostienen que el departamento ya cumplió su parte: diseñó el proyecto, aseguró recursos propios y logró la viabilidad técnica.

Ahora la decisión está en manos del Gobierno Nacional.

Cada mes de retraso significa cámaras que no existen, alertas que no llegan y delitos que no se anticipan.

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Mientras los documentos siguen en revisión, la seguridad continúa siendo una promesa en papel para una zona donde el Estado intenta recuperar control frente a estructuras criminales cada vez más adaptadas.