El proceso en contra del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, da un giro tras la solicitud de la Procuraduría de desestimar la demanda de nulidad, al considerar que los señalamientos carecen de sustento probatorio.

Por meses, la incertidumbre ha rodeado la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena. La sombra de la doble militancia ha sido el eje central de una demanda que busca anular su designación. Sin embargo, el panorama podría cambiar tras la reciente postura de la Procuraduría General de la Nación.

El 27 de marzo de 2025, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Carrillo Pérez, presentó un memorial ante el magistrado Luis Álvarez Parra, quien lleva el caso en la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su escrito, la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda, argumentando la falta de pruebas contundentes que respalden las acusaciones en contra de Martínez.

La doble militancia ha sido el principal señalamiento en su contra. Un video, utilizado como prueba clave para sustentar la supuesta infracción, fue desestimado en el análisis probatorio. “No es posible afirmar de manera fehaciente que Rafael Alejandro Martínez incurrió en la prohibición legal de doble militancia”, sostuvo la Procuraduría, señalando que la idoneidad del material audiovisual no era suficiente para demostrar la falta.

Además, otro de los argumentos de los demandantes apuntaba a que Martínez había gestionado negocios ante entidades públicas en interés de terceros dentro del periodo prohibido antes de su elección. No obstante, la Procuraduría desestimó esta acusación, afirmando que la carga de la prueba no se cumplió y que los señalamientos se basaban más en apreciaciones subjetivas y noticias de prensa que en hechos comprobados.

El pronunciamiento de la Procuraduría representa un espaldarazo para Martínez en su lucha por mantenerse en el cargo, aunque la decisión final sigue en manos del Consejo de Estado. Mientras tanto, el gobernador sigue en funciones, a la espera de un fallo definitivo que defina su futuro político.