El Ministerio Público calificó la falta como gravísima tras verificar con la Universidad del Atlántico que el diploma presentado por la docente era falso.

Santa Marta ha quedado en shock ante el escándalo que envuelve a la comunidad educativa: una docente activa, inscrita en la Secretaría de Educación, falsificó su título universitario para ejercer como maestra. Lo que parecía una simple formalidad para acceder a un cargo, se convirtió en un caso de fraude que ha indignado a la ciudadanía y ha puesto en entredicho los filtros de selección en el sector público.

El caso de Carmen Elena Perozo Pérez salió a la luz tras una investigación de la Procuraduría General de la Nación, que calificó su falta como gravísima. Según el Ministerio Público, el diploma que presentó era falso. Al verificar la autenticidad del documento con la Universidad del Atlántico, se descubrió que el número de consecutivo correspondía en realidad a un título de licenciado en matemáticas otorgado a otra persona en junio de 2017.

La noticia cayó como un balde de agua fría. Padres de familia, estudiantes y otros docentes han expresado su descontento, pues consideran inaceptable que alguien sin la debida formación haya estado enseñando en las aulas. “Es una burla para quienes sí se esfuerzan y estudian años para obtener un título”, comentó un padre de familia indignado.

Perozo Pérez no es la única en la mira. Otros dos docentes, Roberto Carlos Núñez y María del Carmen Ceballos Redondo, también fueron suspendidos en mayo de 2024 por presuntas irregularidades similares. La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, ordenó su suspensión provisional mientras se adelanta la investigación.

Este escándalo ha dejado al descubierto las falencias en los procesos de contratación docente. ¿Cómo fue posible que estos profesores ejercieran sin que se detectara antes la falsificación de sus documentos? ¿Cuántos otros casos similares podrían estar pasando desapercibidos?

Mientras las autoridades avanzan en la investigación y determinan las sanciones correspondientes, la comunidad educativa de Santa Marta exige respuestas y mayor control en la selección de los docentes.