Un aula inspirada en las viviendas de la Ciénaga Grande fue celebrada por académicos y comunidades, pero cuestionada por la Procuraduría, que investiga si hubo irregularidad en aspectos técnicos. 

El jueves 6 de febrero, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, se paró con orgullo sobre la plataforma flotante del lago del campus. A su alrededor, estudiantes, docentes y miembros de comunidades palafíticas aplaudían la inauguración de un espacio que, más que un aula, representaba un puente entre la academia y la sabiduría ancestral. La primera aula palafítica de la Universidad era una realidad, y con ella, un homenaje a los pescadores y gestores culturales de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Inspirado en las viviendas tradicionales que durante siglos han desafiado la inestabilidad del agua, este proyecto llamado Red de Aguas, Memorias y Manglares fue concebido como un modelo innovador de aprendizaje sostenible. Con capacidad para 25 personas, una inversión de 45 millones de pesos y energía autosuficiente gracias a paneles solares, el aula flotante materializaba la integración del conocimiento científico con los saberes ancestrales. 

En palabras del rector, se trataba de “un gesto de reconocimiento a una cultura que, pese a su importancia, ha sido históricamente marginada”.

La emoción de la inauguración no se quedó solo en las palabras del rector. “Aquí convergen la ciencia, la historia y el legado cultural de nuestra región”, afirmó Vera Salazar, mientras los asistentes recorrían el aula, maravillados con su diseño y el simbolismo que albergaba. Un lugar para el diálogo, la investigación y la enseñanza desde la raíz del territorio.

La indagación de la Procuraduría 

Pero lo que debía ser una celebración del conocimiento, pronto se convirtió en el centro de una indagación de los organismos de control. Mientras las palabras del rector aún resonaban en el campus, en una oficina en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación ponía en marcha una investigación preliminar. ¿La razón? Una supuesta “irregularidad” de la construcción en un bien de uso público.

El mismo día de la inauguración, la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas emitió un oficio solicitando a la Dirección General Marítima (Dimar) un concepto técnico sobre la legalidad del aula. Quería determinar si esta “casa flotante” era una construcción irregular y si cumplía con los estándares de una casa palafítica.

La reacción fue inmediata. ¿Cómo un aula que enaltece el patrimonio cultural de las comunidades ribereñas se convirtió en objeto de sospecha? ¿Por qué la Procuraduría, que ha permanecido en silencio ante decenas de obras públicas inconclusas en la ciudad, actuó con tal celeridad en este caso?

La decisión de vincular a la Dimar en la indagación generó aún más extrañeza. El lago donde se ubica el aula es un cuerpo de agua artificial dentro del campus universitario, lejos de la jurisdicción marítima. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué motivó realmente esta investigación?

El rector Pablo Vera no tardó en reaccionar. Con su habitual franqueza, cuestionó la actuación de la Procuraduría: “Es sorprendente que, mientras en la ciudad hay obras abandonadas por años sin ninguna investigación, aquí que quisimos rendir un homenaje a nuestras comunidades palafíticas la respuesta haya sido inmediata.”.

Una paradoja institucional

Mientras la Universidad del Magdalena se convertía en la primera institución de educación superior en Colombia en contar con un aula inspirada en la arquitectura palafítica, el Ministerio Público parecía poner más énfasis en la forma que en el fondo.

Para las comunidades que vieron en esta aula un reconocimiento a su cultura, la reacción institucional resulta desconcertante. Ellos, que han vivido por generaciones sobre el agua, saben que su forma de habitar no es una irregularidad, sino una adaptación a su entorno.

A pesar de la investigación en curso, la estructura ya está en funcionamiento como un espacio de encuentro y aprendizaje.