El propio comandante de la Policía Metropolitana encabezó operativos contra las estructuras criminales que controlan los cobros ilegales en la principal zona turística de Santa Marta. Comerciantes viven entre el miedo, la resignación y una peligrosa normalización de la “seguridad” impuesta por grupos criminales.

En El Rodadero casi nadie trabaja gratis. Para abrir un negocio, vender, prestar un servicio o simplemente operar sin problemas, primero hay que pagar. Esa es la regla silenciosa que durante meses ha impuesto la extorsión en el corazón turístico de Santa Marta.

“Aquí hasta el que vende mango paga una cuota”, le dijo uno de los comerciantes a la Policía, quien se comprometió a trabajar para cambiar ese panorama.

La situación llegó a tal nivel que el propio comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, salió a liderar personalmente los operativos contra las estructuras criminales que tienen estrangulado al comercio.

La orden del alcalde Carlos Pinedo Cuello en el último consejo de seguridad fue directa: ir por los responsables casa a casa y calle a calle.

Las autoridades ya tienen nombres y alias. Según información oficial, los cabecillas identificados detrás de la red de cobros ilegales responden a los alias de “Rey”, “Zarco”, “El Manco” y “Copete”, señalados de dirigir una especie de empresa criminal que convirtió la extorsión en un sistema organizado de control económico en la zona turística.

“Tienen base de datos, financieros, cobradores, y gatilleros disponibles ya sea para brindar el respaldo al comerciante u ordenarle el cierre inmediato sino colabora”, dijo un investigador.

Un impuesto ilegal convertido en rutina

En El Rodadero el silencio pesa más que las denuncias.

Muchos comerciantes prefieren no hablar. El miedo sigue siendo la principal ley. Pero detrás de las puertas cerradas todos conocen cómo funciona el sistema: pagos periódicos a cambio de vigilancia, acompañamiento y solución de conflictos.

Una gobernanza criminal que, dicho por uno de los dos grupos dedicados a este ejercicio, se constituyó por la ausencia estatal.

Algunos comerciantes, incluso, admiten pagar sin resistencia porque sienten que reciben protección real. Otros, especialmente pequeños negocios y vendedores con ingresos limitados, simplemente no pueden asumir el costo del llamado “impuesto”, quedando expuestos a amenazas o presiones.

La extorsión dejó de ser un delito aislado y pasó a parecer un servicio obligatorio más dentro del funcionamiento económico del sector turístico.

El operativo: presencia total del GAULA

Ante el avance del fenómeno, la Policía Nacional desplegó un grupo especial del GAULA junto al Grupo CEAEX para reforzar la presencia institucional en El Rodadero.

Según el comunicado oficial, las acciones incluyen: vigilancia permanente, controles focalizados, seguimiento a estructuras criminales, acompañamiento directo a comerciantes y ciudadanía.

“El Rodadero cierra las puertas a la extorsión”, anunció la institución al confirmar que busca identificar plenamente a los dinamizadores del delito.

El comandante Ríos Puerto reiteró el llamado a denunciar a través de la línea 165, asegurando absoluta reserva para quienes entreguen información.

Entre el miedo y la desconfianza

El reto no es solo capturar a los responsables. Es romper el miedo.

Durante años, la extorsión se consolidó porque casi nadie denunciaba. El temor a represalias, sumado a la sensación de abandono, permitió que los cobros ilegales crecieran hasta alcanzar niveles casi totales dentro del comercio turístico.

Hoy la Policía intenta recuperar un territorio donde la autoridad criminal llegó a reemplazar funciones básicas del Estado.

Pero la pregunta sigue abierta entre comerciantes y residentes: si caen los jefes actuales, ¿quién impedirá que otros ocupen su lugar?

La batalla por recuperar el turismo

El Rodadero no solo es una zona comercial. Es una vitrina internacional para Santa Marta. Cada caso de extorsión golpea la confianza turística y afecta directamente la economía local.

Por eso, desde la Alcaldía la instrucción fue clara: ofensiva frontal contra quienes controlan el negocio ilegal.

La Policía insiste en que la estrategia apenas comienza y que los operativos continuarán hasta desmontar la estructura completa.

Mientras tanto, en los locales, restaurantes y hoteles, la realidad sigue siendo la misma: trabajar, pagar… o arriesgarse.

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Y en una ciudad que vive del turismo, recuperar el control del Rodadero ya no es solo un asunto de seguridad. Es una pelea por la economía, por la confianza y por demostrar quién manda realmente en las calles.