El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto que permite actuar directamente ante agresiones, armas, retención de personas o bloqueos a ambulancias. El Ejecutivo sostiene que protegerá la movilización pacífica, mientras la oposición advierte riesgos para el ejercicio de ese derecho.

Una ambulancia bloqueada, una persona retenida o una agresión contra los uniformados podrán dar por terminado el diálogo antes de que empiece. Con la modificación de las reglas de la protesta social, el Gobierno de Abelardo De La Espriella habilitó la intervención directa de la Policía cuando una movilización arranque con hechos delictivos, una decisión que eleva la tensión antes de las marchas convocadas para el próximo 14 de octubre.

El presidente firmó el decreto este viernes 9 de octubre, después del cierre de la consulta ciudadana adelantada por el Ministerio del Interior. La medida modifica el Decreto 003 de 2021 y precisa las circunstancias en las que las autoridades podrán considerar agotada la concertación para intervenir. El diálogo seguirá siendo la regla general, pero tendrá excepciones expresas frente a hechos de violencia.

El cambio tiene una consecuencia concreta: ante las situaciones previstas en la norma, los uniformados podrán actuar sin desarrollar primero una negociación con quienes estén cometiendo esas conductas. Esa facultad será una de las principales novedades del esquema con el que las autoridades atenderán las próximas movilizaciones.

Los hechos que darán paso a la intervención

Entre las circunstancias señaladas están las agresiones, el porte o empleo de armas, la retención de ciudadanos y el impedimento del paso de vehículos de emergencia. En esos escenarios, la actuación policial podrá comenzar desde el primer momento, sin esperar a que avance una mediación.

Para el Gobierno, la reforma busca establecer una diferencia clara entre quienes salen a expresar su inconformidad pacíficamente y quienes aprovechan una concentración para cometer delitos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido el ajuste como una herramienta para proteger la protesta y, al mismo tiempo, responder a las afectaciones contra otras personas.

La discusión está precisamente en cómo se aplicará esa distinción en las calles. En una misma movilización pueden coincidir manifestantes pacíficos y personas que recurran a la violencia. La decisión sobre cuándo intervenir y contra quién hacerlo será determinante para evaluar el alcance de las nuevas reglas.

Paso obligatorio en medio de los bloqueos

El decreto también contempla la habilitación de “corredores solidarios”, con los que se busca garantizar el tránsito en medio de las manifestaciones y evitar bloqueos permanentes en carreteras y carriles de TransMilenio, en Bogotá.

La medida pone sobre la mesa una de las mayores tensiones alrededor de la protesta: el derecho de quienes se movilizan y las consecuencias de los cierres para quienes necesitan desplazarse, trabajar o acceder a servicios esenciales. El Ejecutivo sostiene que esos pasos deberán mantenerse para impedir que las concentraciones paralicen de manera indefinida las vías.

En particular, el bloqueo a una ambulancia podrá convertirse en una causal para dar por agotado el diálogo. Así, la protección del tránsito de emergencia tendrá efectos directos sobre las decisiones operativas de la fuerza pública.

La oposición cuestiona la posibilidad de intervenir sin mediación previa y advierte que la reforma podría restringir el ejercicio de la movilización ciudadana. Su preocupación se concentra en el margen que tendrán las autoridades para determinar cuándo una protesta reúne las condiciones que permiten una actuación inmediata.

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El Gobierno, por su parte, insiste en que la protección de las manifestaciones pacíficas se mantiene. Lara ha presentado la reforma como una delimitación de las conductas violentas y de las circunstancias que ponen fin al diálogo, acompañada de cinco niveles de reacción de la fuerza pública.