Tras cuatro años de intervención sin resultados visibles, el alcalde rompió relaciones con el esquema impuesto por la Superservicios y exigió la devolución inmediata de la Essmar al Distrito. El mandatario denuncia inestabilidad administrativa, rotación de interventores y promesas incumplidas mientras la ciudad sigue atrapada en una crisis de agua y alcantarillado que golpea a miles de familias.

Carlos Pinedo Cuello ya no quiere otra reunión protocolaria, otro plan de choque, otro gerente con libreto nuevo y excusas viejas. El alcalde de Santa Marta estalló contra la Superintendencia de Servicios Públicos y declaró que la intervención de la Essmar “cumplió su ciclo de ineficacia”.

Lo que comenzó en 2021 como una promesa de salvación, terminó convertido, según él, en un desgaste permanente para la ciudad.

Desde que el Gobierno nacional tomó el control de la empresa, han pasado interventores como si fueran interinos de paso. Cada uno llegó con anuncios de reestructuración, diagnósticos repetidos y cronogramas que nunca alcanzaron a ejecutarse. Cuando el Distrito apenas empezaba a coordinar acciones, aparecía otro cambio desde Bogotá y todo volvía a cero. Para Pinedo, ese carrusel administrativo no solo paralizó soluciones, sino que profundizó la desconfianza de la gente.

Mientras en los escritorios se hablaba de planes maestros, en los barrios seguían los mismos rebosamientos, los cortes prolongados y la compra obligada de agua en carrotanques.

Asegura Pinedo, la crisis sanitaria que justificó la intervención continúa intacta e incluso ahora es peor: una empresa sin cabeza clara, sin estabilidad financiera y con trabajadores que tampoco saben a quién obedecer.

La carta de Pinedo a la Superservicios

El mandatario envió una carta formal a la Superservicios con un mensaje directo: “¡Basta ya!”. Exigió que la Essmar sea devuelta de inmediato al Distrito y calificó de inadmisible que, después de más de cuatro años, el Gobierno descarte la liquidación pero tampoco entregue la empresa a la ciudad. Para Pinedo, Santa Marta quedó atrapada en un limbo jurídico que solo ha servido para dilatar decisiones.

La molestia no es solo política. El alcalde admite que esta situación golpea su propio plan de gobierno, que tiene como prioridad resolver el problema histórico del agua y el alcantarillado. Con el presidente Gustavo Petro existe una hoja de ruta para obras estructurales, pero —advierte— ningún cronograma nacional funcionará si la operación diaria sigue en manos de una empresa intervenida que actúa como “barco sin capitán”.

Los sindicatos de la Essmar comparten la misma preocupación. Hablan de incertidumbre laboral, de decisiones improvisadas y de un manejo que no responde a la realidad del territorio.

En la calle, la percepción es más dura: la gente siente que la intervención se volvió un experimento interminable mientras los recibos siguen llegando y el servicio no mejora.

Pinedo fue más allá y acusó a la Superservicios de vulnerar la autonomía territorial. Recordó que la intervención se anunció con fines liquidatorios y con la promesa de garantizar continuidad del servicio, pero ninguno de esos objetivos se cumplió. “Con el agua de nuestra ciudad no se juega”, dijo, y advirtió que no aceptará que Santa Marta siga siendo escenario de “experimentos administrativos fallidos”.

El alcalde cerró su pronunciamiento con un ultimátum político: si la Superintendencia no es capaz de ofrecer soluciones reales, que dé un paso al costado. La Essmar, insistió, le pertenece a los samarios y debe volver a manos de la ciudad.

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El choque queda planteado. De un lado, un Gobierno nacional que mantiene la intervención; del otro, una administración local que se declara cansada y una ciudadanía que sigue esperando lo básico: abrir la llave y que salga agua. Mientras esa disputa se resuelve, Santa Marta continúa pagando el precio de una empresa pública que, cuatro años después, sigue sin rumbo.