El alcalde Carlos Pinedo Cuello envió una carta al presidente Gustavo Petro para aclarar dudas sobre el proyecto de la planta desalinizadora y defender una iniciativa que promete abastecer de agua potable a toda la ciudad. La misiva surge en medio de versiones cruzadas y temores de que decisiones nacionales retrasen una de las soluciones más esperadas por los samarios.

En Santa Marta el agua no es un servicio: es una pelea diaria.

Barrios enteros sobreviven llenando tanques cuando llega, almacenando lo que pueden y esperando durante días —a veces semanas— a que vuelva a salir por las tuberías. Por eso, cualquier decisión que amenace una solución definitiva se convierte en una alarma política y social.

Con ese escenario de fondo, el alcalde Carlos Pinedo Cuello decidió escribirle directamente al presidente Gustavo Petro. No fue una carta protocolaria. Fue un intento por evitar que el proyecto más ambicioso para resolver la crisis histórica del agua potable termine frenado por lo que el mandatario distrital considera interpretaciones equivocadas o información incompleta.

La misiva enviada a la Casa de Nariño busca aclarar el alcance real de la planta desalinizadora proyectada en Pozos Colorados y defender su importancia dentro del plan estructural que se ha diseñado entre Nación y Distrito para garantizar agua potable en toda la ciudad.

Una aclaración en medio de la incertidumbre

El alcalde reaccionó luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la desalinizadora, que generaron preocupación en sectores técnicos y ciudadanos ante la posibilidad de cambios o retrasos en la iniciativa.

En la carta, Pinedo fue enfático: el lote epicentro de la polémica, donde se proyecta la construcción no fue escogido por el Distrito, sino por el propio Gobierno nacional tras 14 meses de mesas técnicas en las que participaron ministerios, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura y otras entidades del Estado.

La precisión no es menor. Para la administración distrital, el proyecto es el resultado de una construcción institucional conjunta y no una decisión aislada.

Pero el punto central del mensaje fue otro: desmontar la idea de que la desalinizadora beneficiaría solo a un sector privilegiado.

Según explicó el mandatario, la planta permitirá redistribuir el sistema actual de abastecimiento. El agua que hoy llega al sur desde la planta El Roble será redireccionada hacia Mamatoco para atender barrios del norte, logrando —por primera vez— cobertura simultánea para ambos extremos de la ciudad.

En términos simples: no se trata de llevar agua a unos pocos, sino de reorganizar todo el sistema.

La apuesta más grande contra la escasez

El proyecto contempla una producción estimada de 600 litros por segundo, lo que convertiría la planta desalinizadora del sur en la segunda más grande de América Latina.

La cifra tiene un peso político y social enorme en una ciudad donde miles de familias reciben agua apenas una vez por semana.

Barrios como La Paz, Cristo Rey, Vista Hermosa, Ayapel, Aeromar y Don Jaca —históricamente golpeados por la escasez— aparecen entre los principales beneficiarios. Pero también sectores del norte y nororiente como Cantilito, Garagoa, Once de Noviembre, Bonda, Timayuí, Los Alpes y Villa Dania entrarían en una nueva lógica de abastecimiento.

La promesa, según el Distrito, es romper el ciclo de desigualdad hídrica que durante décadas ha marcado el crecimiento urbano de Santa Marta.

Una invitación con mensaje político

Aprovechando la comunicación, Pinedo extendió una invitación directa al presidente Petro para asistir al acto de colocación de la primera piedra de la Planta de Tratamiento de El Curval, otro de los proyectos clave del plan de choque contra la crisis del agua.

Esta infraestructura, financiada con recursos propios del Distrito por cerca de 800 mil millones de pesos, tendrá capacidad para producir 800 litros por segundo y mejorar la distribución en más de 35 barrios entre El Curval y Mamatoco.

La invitación no solo tiene carácter protocolario. También envía un mensaje político claro: la solución al agua requiere coordinación entre nación y territorio, no decisiones aisladas.

El fondo del problema

Santa Marta arrastra una deuda histórica con el agua potable que ninguna administración ha logrado resolver completamente. El crecimiento urbano desordenado, la presión turística, el cambio climático y la falta de infraestructura estructural convirtieron el servicio en una crisis permanente.

Por eso, detrás de la carta no solo hay un intercambio institucional. Hay una carrera contra el tiempo.

Cada retraso significa más barrios dependiendo de carrotanques, más familias almacenando agua en condiciones precarias y más inconformidad social acumulada.

Mientras las discusiones técnicas avanzan en Bogotá, en Santa Marta la realidad sigue siendo la misma: abrir la llave y no encontrar nada.

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Y en una ciudad donde el agua sigue llegando por turnos, cualquier proyecto que prometa cambiar esa historia deja de ser una obra pública para convertirse en una urgencia colectiva.