Petro suspende órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo para abrir paso a diálogos de paz


La medida del Ejecutivo suspende las acciones judiciales contra la cúpula de esta organización armada para facilitar su concentración en zonas especiales, buscando establecer una mesa de diálogo técnico que permita avanzar hacia un proceso de desmovilización y acercamiento con el Estado.

Las zonas rurales de Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajirá, en el Chocó, se convertirán en los puntos de concentración para la cúpula del Clan del Golfo a partir del próximo 25 de junio de 2026.

Este movimiento operativo es la consecuencia de una resolución firmada por el Gobierno de Gustavo Petro, la cual deja sin efecto temporalmente las órdenes de detención contra 29 líderes de esta agrupación armada, que actualmente se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

El propósito de esta medida es despejar el camino jurídico para que los cabecillas se agrupen y den inicio a una etapa de acercamiento formal con el Estado.

Bajo el concepto de «conversación sociojurídica«, el Ejecutivo busca establecer un canal técnico de diálogo que permita avanzar hacia el desmantelamiento de la estructura. Para que esto sea posible, el documento oficial no solo frena las capturas dentro del territorio nacional, sino que también suspende los requerimientos con fines de extradición.

Esto garantiza que los delegados de la organización puedan desplazarse hacia las áreas de ubicación temporal sin el riesgo de ser capturados y enviados fuera del país durante el desarrollo de las conversaciones.

Entre los nombres que figuran en este listado de 29 beneficiarios resalta el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, quien tomó las riendas de la organización tras la salida de alias ‘Otoniel’ hacia la justicia estadounidense. En la lista también aparecen otros mandos de relevancia como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.

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Con la llegada gradual de estos jefes a los puntos definidos en Córdoba y Chocó, el Gobierno pretende centralizar la interlocución y verificar el cumplimiento de los compromisos en un entorno geográfico delimitado.


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