
Petro respetará suspensión del decreto, pero convoca a pueblo a marchar para defender el salario mínimo de $2 millones
El presidente respondió al fallo del Consejo de Estado, convocó concertación urgente y llamó al pueblo trabajador a pronunciarse masivamente.
El choque entre el Gobierno y el Consejo de Estado ya no es solo jurídico. Es político y social. Tras la decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro respondió señalando que respetará la decisión judicial, pero actuará conforme a la Constitución.
“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución”, afirmó el mandatario, defendiendo la legalidad y la motivación económica del aumento que había sido fijado en 23,7 %. Según sostuvo, el texto ya expedido contiene “todos los criterios económicos” requeridos y no vulnera el marco legal.
Respeto al fallo, pero con advertenciaPetro no desconoció la orden del Consejo de Estado. Anunció que el decreto transitorio que exige el tribunal será expedido, pero dejó claro que seguirá las “órdenes de la Constitución”.
“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, insistió, dejando clara su obediencia institucional sin renunciar a la defensa política del incremento.
Como acción de respuesta, informó que el ministro de Trabajo convocará una reunión de concertación y que solicitará un encuentro con la coordinación de movimientos sociales para estudiar la nueva norma que deberá expedirse en los próximos días.
El reloj corre: el alto tribunal dio ocho días para emitir el nuevo decreto transitorio mientras se define la legalidad de fondo.
El debate económico se traslada a la calle
El presidente planteó que la discusión no puede limitarse a una lectura jurídica. Señaló que la concertación deberá analizar las últimas mediciones económicas, que —según afirmó— muestran una incidencia marginal del salario vital en el aumento de precios de algunos alimentos.
También pidió estudiar el impacto del alza de las tasas de interés sobre el empleo, el déficit y los precios en Colombia. Con ello, trasladó el debate hacia el modelo económico en su conjunto y no solo al porcentaje del incremento salarial.
Petro advirtió que reducir la demanda de alimentos básicos en el contexto actual podría frenar la economía nacional y agravar el hambre y la desnutrición infantil. “Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional”, sostuvo.
“El gran capital decidirá”
El pronunciamiento subió de tono cuando el mandatario planteó un dilema político.
“El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”, expresó.
En medio de un ambiente polarizado, el presidente volvió a hablar de “pacto social de la vida y de la paz”, una bandera que ha sostenido desde el inicio de su mandato.
Al mismo tiempo, lanzó una invitación directa: “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”. El llamado abre la puerta a movilizaciones o manifestaciones de respaldo en defensa del aumento suspendido.

Petro fue enfático en que el poder judicial debe recordar que el Gobierno se debe “al voto que lo eligió y a la Constitución nacional”. Para el mandatario, suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo el principio constitucional que prohíbe el deterioro del poder adquisitivo del salario.
La respuesta presidencial deja claro que la disputa va más allá de una cifra. Es una discusión sobre competencias, interpretación constitucional y modelo económico.
Mientras el Ejecutivo prepara el nuevo decreto transitorio, el país observa una tensión creciente entre ramas del poder público y se alista para movilizarse en las calles. El salario mínimo —base de ingreso de millones de hogares— quedó en el centro de una confrontación que combina derecho, economía y política.
La decisión definitiva aún no llega. Pero el enfrentamiento ya empezó.
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