La Presidencia respondió oficialmente a la solicitud del presidente electo para asumir el cargo en una guarnición militar y sostuvo que la ceremonia debe realizarse ante el Congreso. Sin embargo, aclaró que será el Legislativo quien tenga la última palabra sobre un eventual cambio de sede.

La intención de Abelardo de la Espriella de posesionarse como presidente en una base militar encontró su primer obstáculo.

La Presidencia de la República le respondió que el Gobierno no tiene facultades para autorizar un cambio en el lugar de la ceremonia y dejó claro que cualquier decisión sobre ese tema dependerá exclusivamente del Congreso.

La respuesta quedó consignada en una carta firmada por José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial de Gustavo Petro, en la que se notificó al equipo del presidente electo que no es posible avalar, por ahora, la realización del acto de transmisión de mando en una guarnición militar, como había sido solicitado.

El documento, de cuatro páginas, fundamenta esa posición en la Constitución. Allí se recuerda que el presidente debe prestar juramento ante el Congreso de la República y que la sede del Poder Legislativo está establecida en la capital del país.

Frente a ese escenario, Moreno explicó que la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República y que solo esa corporación tendría la facultad de decidir un eventual cambio de sede. En otras palabras, la decisión no está en manos del Gobierno saliente ni del presidente electo, sino del Legislativo, que se instalará oficialmente el próximo 20 de julio.

Horas después, el propio presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia a través de su cuenta en X y sostuvo que la decisión tampoco le corresponde al Ejecutivo.

“El gobierno nacional ha solicitado al Congreso si se ha aprobado un cambio de su sede para dar posesión al nuevo gobierno. Como se trata de la sesión de instalación del nuevo Congreso el 20 de julio, es esta sesión la que tiene que decidir si se traslada en pleno o no a otro lugar del país, y si es legal hacerlo”, afirmó Petro.

Mientras continúa la discusión jurídica, también quedó claro que el protocolo para el cambio de mando sigue su curso. De acuerdo con la normatividad vigente, antes de la ceremonia oficial del 7 de agosto, el presidente saliente, Gustavo Petro, deberá imponer a Abelardo de la Espriella la Orden de Boyacá en grado de Gran Collar, como parte de los actos protocolarios de la transición presidencial.

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Así, el debate sobre el lugar donde se realizará la posesión sigue abierto, pero la decisión final ya no dependerá del Gobierno, sino del nuevo Congreso de la República, que será el encargado de definir si mantiene la ceremonia en el Capitolio Nacional o autoriza un escenario diferente.