El mandatario estudia eliminar los aranceles al cemento para reducir su precio y reactivar el sector vivienda, en un contexto de altas tasas de interés y ajustes normativos en VIS y VIP.

El presidente Gustavo Petro anunció que está considerando eliminar los aranceles al cemento como una medida para abaratar los costos de construcción y dinamizar el mercado inmobiliario, que enfrenta un freno por el encarecimiento del crédito y la desaceleración en nuevos proyectos.

“Estoy pensando en quitar los aranceles al cemento para que se abarate en Colombia”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

La frase, breve pero contundente, tocó una fibra sensible en un país donde el sueño de tener vivienda propia depende de múltiples variables que hoy juegan en contra.

Porque el problema no es solo el cemento. Es la suma de factores. Las tasas de interés elevadas han hecho que muchas familias, incluso con subsidio aprobado, prefieran esperar antes que asumir una cuota mensual más alta. “La gente no compra vivienda a alta tasa de interés”, insistió el mandatario. Y fue más allá: “Un subsidio en medio de altas tasas de interés es un subsidio a los banqueros”.

En la práctica, cuando el crédito se encarece, el comprador se frena. Y cuando el comprador se frena, el constructor también. Menos ventas significan menos iniciaciones de obra. Y menos obra impacta directamente la demanda de materiales como el cemento. Es un efecto dominó que recorre desde la ferretería del barrio hasta las grandes cementeras.

Ahí es donde entra la propuesta. Si se eliminan los aranceles, el cemento importado podría entrar al país a menor costo. Para un proyecto de vivienda, donde cada peso cuenta, una reducción en insumos puede marcar la diferencia entre cerrar números o dejar planos guardados en un escritorio.

Pero el debate no es sencillo. La industria nacional del cemento —donde participan compañías como Grupo Argos— podría verse afectada si el mercado se abre más a productos importados más baratos. Menor protección arancelaria implica mayor competencia externa.

Por ahora no hay detalles técnicos sobre cómo se implementaría la eventual eliminación ni cuál sería su impacto fiscal. Tampoco se ha aclarado si la medida sería total, parcial o temporal. Lo cierto es que el anuncio llega en un momento de ajustes más amplios en la política de vivienda.

Cambiarían precios de viviendas de interés social

En paralelo, el Gobierno publicó un borrador de decreto que cambiaría la forma en que se fijan los precios de las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP). La propuesta establece que el valor se pacte en pesos desde el inicio del contrato y no en salarios mínimos. Es decir, el precio quedaría congelado en pesos una vez firmado el negocio, evitando incrementos posteriores ligados al aumento anual del salario mínimo.

Aunque el tope seguirá siendo equivalente a 135 salarios mínimos para VIS y 90 para VIP, el cambio busca dar mayor certidumbre al comprador. Saber exactamente cuánto costará la vivienda desde el primer momento puede significar tranquilidad en medio de la incertidumbre económica.

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Las cifras muestran un panorama mixto. Según Camacol, en 2025 se vendieron 173.632 viviendas en el país, un crecimiento del 12,4 % frente al año anterior. De ese total, 117.099 fueron VIS y 56.533 No VIS. Sin embargo, el aumento en ventas no siempre se traduce en el mismo ritmo de nuevas construcciones, y el sector aún siente el impacto del crédito costoso.