El presidente Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a defender en las calles el decreto que fijó el salario mínimo vital en dos millones de pesos, al advertir que desde este martes comenzarían acciones judiciales para tumbar la medida.

El presidente Gustavo Petro lanzó un llamado directo a la movilización social frente a lo que considera una ofensiva judicial contra el decreto que estableció el salario mínimo vital en Colombia. A través de varias publicaciones en su cuenta de X, el jefe de Estado alertó que sectores de poder buscarían frenar la medida mediante demandas que empezarían a presentarse desde este martes 13 de enero.

En sus mensajes, Petro utilizó un lenguaje fuerte para convocar a los trabajadores a salir a las calles y a no respaldar con su voto a lo que calificó como “mafias políticas” y grupos económicos con influencia en las decisiones del Estado.

Según el mandatario, estas estructuras pretenden conservar privilegios y frenar políticas que, a su juicio, buscan proteger la vida y el bienestar de las familias colombianas.

El jefe de Estado aseguró que el salario mínimo vital, fijado en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, fue calculado con base en estudios técnicos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Dichos cálculos, explicó, toman en cuenta el costo real de la canasta básica familiar y el promedio de trabajadores por hogar en el país.

Petro también defendió la constitucionalidad de la medida, afirmando que el salario mínimo vital responde a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. En ese sentido, sostuvo que el decreto no es una decisión arbitraria, sino el cumplimiento de un mandato constitucional orientado a garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores.

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Además, el mandatario señaló que el próximo Congreso, que será elegido en marzo, deberá estudiar un proyecto de ley que permita establecer de manera permanente el salario mínimo vital en Colombia. Por ello, insistió en la importancia de ejercer un voto libre y consciente, y de no permitir prácticas de compra de votos que, según dijo, distorsionan la democracia.

Por otro lado, Petro hizo un llamado directo a la Policía Nacional para que actúe contra quienes compren votos durante el proceso electoral. El presidente afirmó que estas prácticas constituyen un delito y ordenó a los mandos regionales y municipales garantizar la libertad del voto, advirtiendo que la omisión frente a estos hechos convertiría a las autoridades en cómplices de estructuras corruptas