La propuesta de la Personería busca congelar las facturas de acueducto y alcantarillado, apoyándose en la ley que prohíbe cobrar a los ciudadanos por servicios públicos defectuosos.

El bolsillo de los habitantes del barrio El Pando no debería verse afectado mientras sus vidas estén en riesgo por consumir agua contaminada.

Bajo esta premisa, la Personería Distrital de Santa Marta busca que se devuelva el dinero de los recibos cobrados de forma injusta y que se frenen los nuevos pagos de acueducto y alcantarillado hasta que la emergencia se supere por completo.

La base de esta exigencia es netamente legal.

El organismo de control recordó que, según la Ley 142 de 1994 y las reglas de la Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna empresa tiene el derecho de facturar con normalidad si el servicio tiene fallas graves y continuas.

Por eso, la entidad pidió abrir un proceso para revisar, corregir y reembolsar la plata a las familias perjudicadas por esta falla en el suministro.

Esta acción legal nació directamente de las alarmas encendidas por la propia comunidad, que lleva semanas quejándose del pésimo estado del recurso hídrico.

Para comprobarlo, el personero de la ciudad, Edwar Fernando Orozco Oñate, lideró unas visitas de inspección en la zona.

En el lugar, los funcionarios sintieron de cerca los fuertes y desagradables olores del agua, confirmando la sospecha de los vecinos: el agua potable se está mezclando con las alcantarillas.

La presión sobre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (ESSMAR) viene desde mediados de mayo de 2026, cuando la Personería les ordenó hacer pruebas de laboratorio y revisiones técnicas urgentes para frenar el daño y encontrar a los responsables.

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El proceso de vigilancia sobre la empresa continuará activo y sin descanso, pues la entidad sostiene que es inaceptable cobrarle a la gente por un servicio deficiente que pone en peligro la salud de todo un barrio.