El defensor ambiental Luis Miguel Moisés denunció que su hijo fue intimidado por hombres que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra tras un choque con una motocicleta eléctrica alquilada en El Rodadero. El caso prende las alertas sobre presuntos cobros ilegales y control armado en zonas turísticas de Santa Marta.

No llegó la Policía. No apareció un agente de tránsito. Los que llegaron fueron hombres en moto que dijeron pertenecer a un grupo armado y exigieron dinero. La solución al accidente no la dio el Estado, sino quienes —según la denuncia— imponen ahora las reglas en uno de los sectores turísticos más visitados de Santa Marta.

La escena ocurrió en El Rodadero, cuando el hijo del defensor ambiental Luis Miguel Moisés chocó una motocicleta eléctrica que había alquilado para realizar un paseo por la zona. Lo que debía resolverse como un simple incidente vial terminó, según el denunciante, en una presión directa para pagar bajo intimidación.

Un accidente que terminó en amenaza

De acuerdo con Moisés, el propietario del vehículo afectado no acudió a las autoridades ni intentó un arreglo formal. En cambio, aseguró que contactó a hombres que posteriormente llegaron en moto al lugar identificándose como miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Según el relato publicado en video por el ambientalista, los sujetos exigieron el pago inmediato por los daños del vehículo y advirtieron que, si no cumplía, su hijo sería llevado a la Sierra Nevada.

“Le dijeron que pagara el 1500 o de lo contrario lo subirían a la Sierra”, afirmó Moisés.

El denunciante aseguró que nunca hubo presencia institucional durante el incidente.

“Nunca llegó un policía o autoridad. Los que llegaron fueron hombres en moto que se identificaron como miembros de los Conquistadores”, manifestó.

El negocio, el cobro y el miedo

La denuncia también puso en el centro otra preocupación: el funcionamiento de motocicletas eléctricas alquiladas a turistas sin seguros contra accidentes.

Moisés cuestionó que los usuarios deban asumir directamente los daños sin mediación legal ni respaldo asegurador, situación que —según él— abre la puerta a presiones económicas y conflictos manejados fuera de la institucionalidad.

Pero su señalamiento fue más allá.

El ambientalista afirmó que comerciantes y prestadores turísticos del sector estarían obligados a pagar cuotas periódicas a estructuras ilegales que, a cambio, ofrecen “seguridad”, evitan robos y actúan como mediadores en disputas comerciales.

Para él, lo que ocurre en El Rodadero refleja algo más profundo: “Hay un para-Estado donde un grupo armado es quien manda y pone el orden”, denunció, recordando que Santa Marta “era una tierra de paracos” y exigiendo intervención urgente.

La respuesta del grupo armado

Tras hacerse viral la denuncia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra respondieron a través de su cuenta en la red social X negando cualquier participación en intimidaciones o cobros ilegales.

Según el mensaje publicado, la organización aseguró que no tuvo relación con amenazas ni exigencias económicas y que el conflicto correspondía únicamente al cobro del daño ocasionado al vehículo eléctrico alquilado.

En otro video difundido por el grupo, afirmaron que no se observan personas armadas y que el hecho involucró únicamente al propietario del vehículo y al usuario responsable del accidente.

El pronunciamiento del Distrito

Las denuncias provocaron reacción también desde la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta, encabezada por Jennifer del Toro, quien pidió atención nacional y ajustes urgentes en la política de seguridad y paz.

La funcionaria advirtió que la situación de orden público en la Sierra Nevada y su zona de influencia “no admite ambigüedades ni silencios” y recordó que existen alertas previas sobre disputas territoriales entre estructuras armadas.

“El proceso de paz no puede convertirse en un espacio de expansión del poder coercitivo de estructuras ilegales”, señaló.

Asimismo, reiteró que ninguna organización armada puede sustituir al Estado ni ejercer funciones de autoridad, imponer castigos extrajudiciales o realizar cobros ilegales.

El Distrito solicitó formalmente a la Policía Metropolitana de Santa Marta y a la Fiscalía iniciar investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Una denuncia que expone un problema mayor

El caso no solo expone un conflicto individual. Revela una preocupación creciente: la posible presencia de estructuras ilegales mediando conflictos cotidianos en zonas turísticas donde debería operar exclusivamente la institucionalidad.

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Mientras las autoridades anuncian investigaciones y el grupo señalado niega los hechos, queda una pregunta incómoda flotando en El Rodadero:¿Quién resuelve realmente los problemas cuando ocurre algo en la calle: el Estado o el miedo?