Dos ataques criminales en menos de 24 horas dejaron siete personas asesinadas en Maicao. La presencia de grupos armados ilegales obligó al Gobierno a militarizar el municipio, intensificar requisas y desplegar tropas para evitar nuevas incursiones criminales.

Maicao permanece bajo vigilancia armada. No fue una medida preventiva: fue una respuesta urgente al baño de sangre que dejó siete muertos en dos ataques criminales consecutivos. En menos de 24 horas, el municipio fronterizo quedó sumido en el miedo, con calles silenciosas, retenes en cada salida y la sensación de que el control se había perdido.

La noche del viernes 9 de enero marcó el inicio del horror. En el barrio Altos de Parrantial, cinco jóvenes fueron asesinados a tiros en un ataque que sacudió a toda la comunidad. El crimen no fue aislado. Horas después, otros dos hombres fueron acribillados en un hecho distinto, confirmando que Maicao atravesaba una escalada violenta que encendió todas las alarmas.

Las autoridades no tardaron en reaccionar. El sábado 10 de enero se realizó un consejo extraordinario de seguridad que dejó una instrucción directa desde el Gobierno Nacional: recuperar el control y el orden público del municipio a como dé lugar. La respuesta fue inmediata: militarización de las calles, despliegue de 176 policías, apoyo del Ejército, patrullajes permanentes y controles estrictos en zonas críticas.

Hoy, Maicao está cercada por retenes. Vehículos son detenidos, ocupantes requisados y antecedentes verificados uno a uno. Las autoridades buscan frenar la movilidad de estructuras armadas que ya habían demostrado su capacidad de patrullar la ciudad fuertemente armadas y en camionetas, como si no existiera autoridad que los detuviera.

La preocupación es mayor porque en el territorio confluyen varios actores armados ilegales. La presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, el ELN y estructuras asociadas al Clan del Golfo convirtió al municipio en un escenario de disputa abierta, elevando el riesgo de nuevos ataques contra la población civil.

Además del despliegue en las calles, la Policía activó equipos especializados de la DIJIN para dar con los responsables de los homicidios. Se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer los crímenes y capturar a los autores materiales e intelectuales.

Mientras tanto, la comunidad vive con miedo. Comercios operan a medias, las calles lucen desiertas y el silencio reemplazó el ritmo habitual del municipio. Los habitantes temen que los ataques no hayan terminado y que la violencia vuelva a estallar en cualquier momento.

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Las autoridades insisten en que la ofensiva será sostenida y hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie. En Maicao, recuperar la tranquilidad no es solo un objetivo institucional: es una necesidad vital para una población que hoy se siente atrapada en medio de una guerra que no pidió.