Luego de reunirse con la ministra de Minas y Energía, el jefe de Estado solicitó dejar sin efecto el ajuste de 46 pesos por galón para estudiar medidas integrales que amortigüen los costos internacionales del petróleo.

Una revisión de última hora en las decisiones del sector energético frenó la aplicación del nuevo valor de los combustibles en el territorio nacional.

La medida se tomó a partir de un encuentro directo entre el presidente Abelardo de la Espriella y la titular de la cartera de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, convocado para analizar los alcances del reajuste que comenzaba a regir en este mes de octubre.

Durante el encuentro, el mandatario le hizo la solicitud formal a la ministra para echar para atrás el cobro adicional de 46 pesos, lo que mantiene congeladas las tarifas vigentes y suspende la proyección que situaba el costo promedio del galón corriente en 15.933 pesos, así como el ACPM en 11.320 pesos.

“He pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina” escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe de Gobierno, esta pausa busca dar margen al equipo económico para estructurar alternativas institucionales que mitiguen el impacto provocado por las fluctuaciones del petróleo en los mercados externos.

“La instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos.”

El enfoque central de la instrucción ejecutiva radica en proteger las finanzas de los consumidores y garantizar canales de información claros sobre la coyuntura del mercado.

El mandatario subrayó que las entidades gubernamentales deben actuar de manera coordinada para comunicar con pedagogía cualquier disposición financiera, bajo la premisa de que los ciudadanos requieren explicaciones previas y oportunas frente a decisiones de alto impacto en sus gastos cotidianos.

“Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones.”