Prestadores turísticos de El Rodadero y Taganga denunciaron desigualdad en las restricciones hacia el Parque Tayrona. Mientras la Dimar mantiene prohibida la salida de embarcaciones, aseguran que el ingreso de turistas continúa normal bajo control indígena, dejándolos sin trabajo ni ingresos.

El Parque Tayrona está cerrado en el papel, pero abierto en la realidad. Y los únicos que, según denuncian, están pagando el precio son los lancheros.

Este viernes, decenas de prestadores turísticos dedicados a esta actividad en Santa Marta protestaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, en la calle 17 entre carreras Cuarta y Quinta, reclamando lo que consideran una decisión injusta: mientras a ellos se les prohíbe trabajar, los turistas siguen entrando a la reserva natural sin que el flujo se detenga.

Llegaron sin pancartas elaboradas ni discursos. Llegaron con rabia.

Porque cada día sin navegar significa un día que se ve golpeado su sustento.

El parque cerrado… pero funcionando

Los lancheros de El Rodadero y Taganga aseguran que la restricción impuesta por la Dirección General Marítima (Dimar), que prohíbe la salida de embarcaciones hacia las playas del Parque Tayrona, los dejó completamente por fuera de la operación turística justo en uno de los momentos más críticos del año.

Según denuncian, mientras ellos permanecen en tierra, excursiones completas continúan ingresando al parque bajo la administración temporal de comunidades indígenas, quienes mantienen el control del acceso y permiten la llegada de visitantes.

La escena —dicen— es difícil de aceptar: turistas entrando, dinero circulando y ellos mirando desde el muelle sin poder trabajar.

“Nos paran a nosotros, pero el parque sigue lleno”, repetían varios manifestantes frente a las instalaciones oficiales.

Sin viajes, sin ingresos

Para los lancheros, cada recorrido hacia el Tayrona representa uno de los ingresos más importantes de su labor. La suspensión de las rutas significa pérdidas inmediatas para decenas de familias que dependen exclusivamente del transporte marítimo.

No hay salario fijo. No hay compensación. No hay alternativa laboral.

Solo embarcaciones ancladas y cuentas acumulándose.

Los manifestantes aseguran que la medida los pone en desventaja económica frente a otros operadores turísticos que continúan trabajando mientras ellos permanecen inmovilizados por orden de la autoridad marítima.

Una tregua que no los incluye

Los lancheros piden lo que llaman igualdad de condiciones. Si existe una tregua temporal que permite el funcionamiento parcial del parque mientras se resuelve la crisis administrativa y territorial, exigen ser incluidos.

Su solicitud es clara: permitir el traslado de turistas mientras se alcanza una solución definitiva al conflicto que mantiene en tensión al Tayrona.

Advierten que la crisis ya comenzó a sentirse en la economía local, afectando no solo a transportadores, sino también a restaurantes, guías turísticos y pequeños comerciantes que dependen del movimiento hacia las playas del parque.

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Para los lancheros, el problema no es solo el cierre del parque, sino la sensación de que las decisiones se toman sin considerar a quienes históricamente han vivido del transporte turístico hacia el Tayrona.

“Nos piden esperar, pero las deudas no esperan”, dijo uno de los manifestantes.

Y mientras las oficinas permanecían cerradas y las respuestas no llegaban, las lanchas seguían quietas en el mar. Quietas, pero no por falta de turistas. Sino por orden oficial.