“Nos están llevando al apagón”: empresarios del Caribe enfrentan a Petro por anuncio de liquidar Air-e
La Cámara de Comercio de Santa Marta, gremios y empresarios de la región lanzaron una dura advertencia al presidente Gustavo Petro tras anunciar la liquidación de Air-e. Aseguran que la medida aumenta la incertidumbre, pone en riesgo el servicio de energía para 1,3 millones de usuarios y podría desencadenar una crisis eléctrica de alcance nacional.
La posibilidad de que Air-e desaparezca encendió las alarmas en la Costa Caribe. Lo que para el Gobierno Nacional aparece como una salida a la crisis de la empresa intervenida, para los gremios empresariales representa una decisión improvisada que podría agravar el problema y empujar al sistema eléctrico hacia un escenario aún más delicado.
La reacción llegó desde distintos sectores productivos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El mensaje busca que antes de que se hable de liquidación, el Gobierno debe explicar quién asumirá la operación, cómo se pagarán las deudas acumuladas y qué garantías tendrán más de 1,3 millones de usuarios que dependen diariamente del servicio.
Uno de los pronunciamientos fue el de Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, quien le pidió al mandatario actuar con responsabilidad frente a un tema que impacta hogares, empresas y la competitividad de toda la región.
“Más de 1,3 millones de usuarios, miles de empresas y la competitividad de toda una región dependen de decisiones responsables y técnicamente sustentadas”, expresó Jaramillo.
La preocupación por una crisis mayor
La polémica surgió después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente la intención de liquidar Air-e y trasladar la operación a Gecelca.
Sin embargo, la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e aseguró que una decisión de esa magnitud carece de sustento jurídico y podría profundizar la crisis financiera y operativa que enfrenta actualmente la compañía.
Según los gremios, la empresa acumula obligaciones superiores a los 2,5 billones de pesos con generadores, transmisores y proveedores del sistema eléctrico, una situación que consideran responsabilidad directa de la intervención adelantada por el Gobierno Nacional.
La preocupación radica en que esas deudas siguen sin una solución clara mientras se plantea un cambio estructural en la operación del servicio.
“El Caribe necesita certezas”
Para los empresarios, el problema ya dejó de ser exclusivamente financiero.
La incertidumbre está golpeando la confianza de inversionistas, entidades financieras, acreedores y proveedores que participan en la cadena energética nacional.
Carlos Jaramillo advirtió que el Caribe colombiano necesita respuestas concretas y una hoja de ruta seria para evitar que la crisis siga creciendo.
“Necesitamos soluciones, certezas y una hoja de ruta seria para proteger a los usuarios y al aparato productivo de la región”, señaló.
La advertencia cobra relevancia en departamentos como Magdalena, Atlántico y La Guajira, donde miles de empresas dependen de un suministro estable de energía para mantener sus operaciones.
El fantasma del apagón
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es el riesgo que representa para la estabilidad energética del país.
La Veeduría aseguró que trasladar la operación sin resolver previamente las obligaciones financieras podría generar nuevos conflictos jurídicos, retrasos regulatorios y dificultades operativas que terminarían afectando el abastecimiento de energía.
Los gremios sostienen que cualquier transición requiere estudios técnicos, autorizaciones regulatorias, cesión de contratos, garantías financieras y adecuaciones tecnológicas que normalmente toman años en ejecutarse.
Por esa razón consideran poco realista intentar concretar un proceso de esta magnitud en el corto plazo.
La advertencia fue aún más allá. Según el documento, debilitar la confianza en la cadena de suministro eléctrico incrementa los riesgos que enfrenta actualmente el sistema nacional y abre la puerta a eventuales problemas de abastecimiento.
“Las condiciones necesarias para garantizar el suministro de energía podrían verse comprometidas”, señalaron.
Llamado a los organismos de control
La Veeduría Ciudadana pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para que ejerzan vigilancia sobre las decisiones relacionadas con Air-e y el manejo de los recursos durante la intervención.
Asimismo, solicitó al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a las autoridades competentes actuar con rigor técnico, transparencia y responsabilidad institucional.
Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de una transformación profunda del modelo energético, los gremios del Caribe advierten que cualquier paso en falso puede terminar trasladando la crisis a millones de usuarios.
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