El presidente expidió un nuevo decreto para 2026 tras la suspensión del anterior por parte del Consejo de Estado. El aumento del 23,7 % se mantiene intacto, ahora con ajustes en su soporte técnico.

En medio del pulso jurídico que se desató tras la suspensión del decreto anterior, el presidente Gustavo Petro firmó este 19 de febrero un nuevo decreto que mantiene el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, equivalente a dos millones de pesos.

La decisión se produjo luego de que el Consejo de Estado ordenara frenar el acto inicial por considerar que no cumplía plenamente con los criterios técnicos exigidos por la ley. El monto no cambió. La cifra quedó igual. El Gobierno repitió la firma, pero no modificó el aumento.

Desde la Plaza de Bolívar, ante una multitud convocada en horario nocturno, Petro dejó claro el mensaje: el incremento no se toca. Petro no se retrocedió en su decisión. Sigue intacto. El nuevo decreto, explicó, no altera el porcentaje decretado en diciembre pasado, sino que ajusta su fundamentación jurídica para cumplir con las exigencias del alto tribunal.

“Tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para 2026. No quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”, dijo el mandatario, en una intervención que combinó defensa política y argumento jurídico.

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto inicial, no cuestionó directamente el 23,7 %, sino la falta de un desarrollo técnico suficiente en aspectos como productividad laboral, salario relativo y canasta mínima vital.

Era un tema de forma. No de fondo. El Gobierno tomó nota y reformuló el documento.

Petro sostuvo que el nuevo acto administrativo incorpora ahora los estudios y soportes requeridos. Incluso mencionó de manera directa al magistrado Juan Camilo Morales, señalando que la exigencia de fortalecer la base técnica fue determinante en la redacción del nuevo decreto. Ajuste jurídico. Misma cifra. El mensaje político se mantuvo.

Ahora, el Consejo de Estado evaluará ahora el decreto transitorio para decidir si levanta la suspensión o exige modificaciones definitivas.

El debate, sin embargo, no se apagó. Sectores empresariales han advertido sobre el posible impacto del aumento en la inflación y en los costos laborales. Más presión para las empresas. Más exigencia para el mercado. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que el incremento protege el poder adquisitivo frente al costo de vida. Defensa del bolsillo. Prioridad social.

Dos millones de pesos mensuales. Un salto significativo. Para algunos empleadores, implica reorganizar presupuestos y ajustar nóminas en un entorno económico complejo. El pulso continúa.

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El salario mínimo se sostuvo y volvió a ocupar el centro del escenario nacional. Es cifra económica, pero también símbolo político. Es decreto jurídico y bandera social. El Gobierno decidió sostener su posición hasta el final. Ahora, el documento está nuevamente en manos del Consejo de Estado.