El ministro del Interior aseguró desde la capital del Magdalena que la situación de orden público no puede generalizarse a toda la ciudad, pese a las denuncias de extorsión y presencia de grupos armados. Sus declaraciones abrieron un nuevo choque entre la percepción ciudadana y la lectura oficial del Gobierno sobre la seguridad en Santa Marta.

Mientras comerciantes denuncian cobros ilegales, empresarios hablan de miedo y la palabra extorsión se repite cada vez más en Santa Marta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó un mensaje que generó polémica: la crisis no es tan grave como se dice.

Según el Gobierno Nacional, el problema está concentrado y tiene nombre propio: El Rodadero.

“No se debe ver así”, dijo Benedetti al referirse a quienes aseguran que el deterioro del orden público afecta a toda Santa Marta.

Para el jefe de la cartera política, los hechos recientes no pueden convertirse en una radiografía completa de la ciudad.

La afirmación llegó en medio de un ambiente marcado por denuncias de comerciantes, advertencias sobre presencia armada y preocupación por el impacto en el turismo y la economía local.

La versión del Gobierno

El pronunciamiento se dio durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en la capital del Magdalena, donde el ministro abordó inicialmente las garantías de seguridad para los comicios del 8 de marzo, pero terminó refiriéndose directamente al debate sobre violencia y extorsiones.

Benedetti fue enfático en rechazar lo que calificó como generalizaciones.

“Cuando hablamos de una situación en El Rodadero, se dice que es de toda Santa Marta donde se están registrando hechos de orden público y no se debe ver así”, afirmó.

El ministro aseguró confiar más en los informes de la Policía que en otras lecturas sobre el territorio, argumentando que existen diferencias metodológicas que pueden distorsionar la percepción de riesgo cuando hechos puntuales se atribuyen a ciudades completas.

“Sin polemizar, confío más en el informe policial, teniendo en cuenta que en seguridad son los que saben de eso”, agregó, desmeritando las advertencias y alertas tempranos de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.

Extorsiones y grupos armados

Sobre las denuncias relacionadas con estructuras ilegales y cobros extorsivos, Benedetti sostuvo que la Fuerza Pública mantiene operaciones activas en el departamento y que las acciones del Estado continúan pese a los diálogos abiertos con grupos armados.

Al referirse a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, señaló que existen acercamientos dentro de mesas de diálogo, pero insistió en que eso no implica detener operativos ni capturas.

“Lo importante es que ellos muestren voluntad de paz”, expresó.

Sin embargo, evitó profundizar en aspectos operativos, aclarando que esas decisiones corresponden directamente al Ministerio de Defensa.

Las cifras y la disputa por la realidad

Las declaraciones también tocaron uno de los puntos más sensibles del debate público: las cifras de violencia.

Sectores críticos aseguran que el Magdalena superó incrementó el número de homicidios en el último año, mientras el ministro defendió que, al analizar tasas por cada 100.000 habitantes, el país mantiene indicadores similares a los registrados desde la firma del Acuerdo de Paz.

Según Benedetti, Colombia se mueve entre tasas de 21 y 25 homicidios, rechazando que el actual Gobierno enfrente los peores niveles históricos de violencia.

La discusión ya no es solo de números. Es de percepción.

Mientras el Gobierno habla de estabilidad estadística, sectores locales hablan de miedo cotidiano.

Elecciones bajo vigilancia

En el mismo escenario, el ministro presentó el dispositivo de seguridad para las elecciones del 8 de marzo, calificándolo como uno de los despliegues más amplios realizados en el país.

Anunció protección para 67 aspirantes presidenciales, más de 370 candidatos al Congreso y 68 candidatos en zonas especiales de paz, además de la creación de una subcomisión destinada a proteger incluso a precandidatos meses antes de su inscripción oficial.

“La seguridad se ha tomado de manera seria y exhaustiva”, aseguró.

Frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, reiteró que su principal referencia siguen siendo los informes de la Policía Nacional.

Una ciudad entre dos relatos

Las palabras del ministro dejan una línea clara: para el Gobierno, Santa Marta no atraviesa una crisis generalizada de seguridad.

Pero fuera de los salones oficiales, la discusión continúa abierta.

Porque mientras desde Bogotá se habla de hechos focalizados, en calles comerciales y zonas turísticas crece la preocupación por extorsiones, presencia armada y la sensación de que la violencia avanza silenciosamente.

La ciudad queda así atrapada entre dos versiones: la institucional, que llama a no exagerar, y la ciudadana, que insiste en que el problema ya no se siente aislado.

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Y en medio de ese choque de realidades, Santa Marta sigue esperando una respuesta que no sea solo una explicación estadística.