El empresario mantiene el control de un terreno público en las Islas del Rosario pese a que su contrato venció hace más de dos años. El caso, que expone vacíos legales y decisiones judiciales contradictorias, está ahora en manos del Consejo de Estado.

Un terreno de 600 metros cuadrados en uno de los lugares más exclusivos del Caribe colombiano está en manos de un particular que se resiste a devolverlo. Andrés Jorge Lisocki Fryde sigue ocupando la llamada ‘Isla Fiesta’, en las Islas del Rosario, mientras el Estado intenta recuperarla tras el vencimiento de su contrato en diciembre de 2023.

La situación dejó de ser un simple trámite administrativo y se convirtió en un pulso directo entre el poder público y un empresario que decidió quedarse. Para el Gobierno, se trata de la ocupación irregular de un bien que pertenece a todos los colombianos. Para Lisocki, es la defensa de un derecho adquirido durante años de contratos y pagos.

Un arriendo que desató la disputa

Durante años, el empresario ocupó la isla pagando un canon mensual que apenas superaba los 200 mil pesos. Una cifra mínima frente al valor real de una zona turística de alta demanda.

Cuando el contrato expiró, la Agencia Nacional de Tierras le planteó dos opciones: entregar el terreno o asumir un nuevo arriendo cercano a los 11 millones de pesos mensuales. La respuesta fue negativa. Lisocki se mantuvo en la isla y el conflicto escaló.

Desde entonces, el Gobierno sostiene que el empresario se quedó sin respaldo legal, ocupando un espacio público sin autorización vigente. El caso comenzó a ser señalado como un ejemplo de cómo bienes del Estado pueden quedar atrapados en disputas jurídicas prolongadas.

El intento de desalojo que terminó en reversa

El 28 de enero, la tensión llegó a su punto más alto. Un operativo policial buscó sacar al empresario de la isla y recuperar el terreno. La intervención parecía definitiva.

Pero horas después, todo cambió.

Un magistrado del Tribunal de Bolívar ordenó devolverle la posesión a Lisocki en menos de 48 horas. El argumento fue que no se podía ejecutar el desalojo sin agotar un proceso judicial más amplio. La decisión dejó al Estado sin control inmediato del predio y le devolvió al empresario el dominio de facto sobre la isla.

Dos versiones enfrentadas

La Agencia Nacional de Tierras insiste en que el contrato terminó y que no existe justificación para que el empresario permanezca allí. Advierte que permitir este tipo de ocupaciones abre la puerta a que otros particulares se apropien de terrenos públicos.

Lisocki, por su parte, sostiene que ha cumplido con sus obligaciones y que sus pagos se han realizado de forma continua. Niega estar explotando la isla con fines turísticos y cuestiona el incremento del arriendo, calificándolo como injustificado y sin soporte legal.

El conflicto dejó al descubierto una grieta: un mismo predio con dos interpretaciones jurídicas completamente opuestas.

El pulso final: la decisión que marcará precedente

El caso ya llegó al Consejo de Estado, donde se definirá si la isla regresa al control del país o permanece en manos del empresario.

La decisión va más allá de un terreno en el Caribe. Lo que está en juego es el alcance del Estado para recuperar sus bienes y la posibilidad de que contratos vencidos se conviertan en ocupaciones prolongadas bajo el amparo de decisiones judiciales.

Lea aquí: Un hombre muere apuñalado tras intentar separar a su hijo y a su hijastro en una pelea

Mientras los magistrados toman una decisión, la isla sigue ocupada. El Estado reclama lo suyo. El empresario se aferra.