Tras una reunión con la gobernadora Margarita Guerra, el Inpec y la Uspec se comprometieron a gestionar recursos ante el Ministerio de Hacienda para terminar la megacárcel de Sabanas de San Ángel el próximo semestre. Mientras tanto, cerca de 200 detenidos serán trasladados desde estaciones de Policía para aliviar el hacinamiento que mantiene a uniformados custodiando presos en lugares que no fueron hechos para cárceles.

Las estaciones de Policía del Magdalena dejaron de ser simples lugares de paso hace rato. Se convirtieron en cárceles improvisadas donde los detenidos se acumulan, la vigilancia desborda a los uniformados y el sistema penitenciario muestra sus grietas más profundas. En ese escenario de presión y desorden, el Gobierno departamental consiguió un primer alivio: el traslado de casi 200 personas privadas de la libertad hacia centros penitenciarios regionales.

Pero el problema de fondo sigue siendo otro: una megacárcel que se construye en Sabanas de San Ángel y que aún no está terminada.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, llevó la preocupación directamente a los directores nacionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). La reunión terminó con una promesa concreta: gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos que faltan para completar la obra y poner en funcionamiento el penal el próximo semestre.

Mientras eso ocurre, las estaciones de Policía continúan soportando una carga para la que nunca fueron diseñadas.

El traslado que busca bajar la presión

Como resultado inmediato de la mesa de trabajo, se acordó el traslado de cerca de 200 detenidos que permanecían recluidos en estaciones policiales del departamento.

El Comando de Policía del Magdalena moverá a 90 capturados que estaban bajo custodia en diferentes municipios, mientras que la Policía Metropolitana de Santa Marta trasladará otros 90 detenidos. A este grupo se suman 14 mujeres de nacionalidad extranjera, quienes serán enviadas a centros penitenciarios regionales.

Los traslados impactarán especialmente a estaciones de Policía de Fundación, Pivijay, El Banco, Ciénaga y Santa Marta, donde el hacinamiento se había convertido en una presión permanente para las autoridades.

La gobernadora explicó que la medida permitirá liberar personal policial que hoy está dedicado a custodiar detenidos.

“Esto aliviará un poco la situación y permitirá que la Policía disponga de uniformados para la seguridad y convivencia ciudadana en ciudades y municipios”, señaló.

La realidad es que, durante años, policías han terminado cuidando presos en celdas temporales que funcionan como cárceles permanentes.

Un problema que desborda al sistema

La crisis carcelaria no solo se mide en números de detenidos. También golpea la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía.

En varias estaciones de Policía del Magdalena los capturados permanecen durante meses en espacios reducidos, generando condiciones de hacinamiento y problemas de seguridad. En algunos casos, incluso se han denunciado delitos que continúan coordinándose desde estos lugares de reclusión temporal.

A esto se suma otro problema estructural: las Fuerzas Militares y la Policía no están formadas ni destinadas constitucionalmente para custodiar presos.

Su función es la seguridad ciudadana, no la administración penitenciaria.

Sin embargo, la crisis del sistema los terminó empujando a cumplir esa tarea.

Por eso, la reunión con las directivas nacionales del Inpec y la Uspec buscaba algo más que un traslado puntual de detenidos. El objetivo era trazar una ruta para enfrentar el problema de fondo.

La megacárcel que sigue esperando

Ese problema tiene nombre y lugar: la megacárcel de Sabanas de San Ángel.

La obra fue concebida como una solución estructural para la crisis penitenciaria del Magdalena, pero su construcción sigue incompleta. Para terminarla se requiere gestionar los recursos que faltan ante el Ministerio de Hacienda.

En la mesa de trabajo, los directores nacionales del Inpec, Daniel Gutiérrez, y de la Uspec, Fidel Espitia, se comprometieron a impulsar esa gestión para que el penal pueda entrar en funcionamiento el próximo semestre.

Si eso ocurre, el sistema carcelario del departamento tendría por fin un respiro real.

Mientras tanto, la solución es temporal: mover detenidos de un lugar saturado a otro que tenga un poco más de espacio.

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Una maniobra de emergencia para evitar que el sistema termine reventando.