Dos escoltas de la UNP fueron ejecutados, cuatro integrantes del equipo de campaña siguen secuestrados y el país vuelve a mirar a Arauca como territorio de guerra. El congresista exige garantías para hacer política y el Gobierno ofrece 200 millones por los responsables.

En vía entre Fortul y Tame, una camioneta de alta gama blindada quedó como un colador. Más de 200 impactos de fusil destrozaron el vehículo que hacía parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. No fue un hostigamiento: fue una cacería. Los hombres armados cerraron el paso, dispararon a matar y remataron a quienes estaban dentro.

Los patrulleros Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, adscritos a la Unidad Nacional de Protección, murieron sin posibilidad de defensa. El congresista no viajaba en los vehículos, pero su equipo de campaña sí: cuatro de ellos fueron sacados a la fuerza y hoy están desaparecidos.

La escena retrata el nivel de la guerra en Arauca. Carrocerías reventadas, vidrios pulverizados, sangre sobre los asientos. Un ataque calculado para enviar un mensaje: en este territorio la política se decide con fusil.

“Eran parte de mi familia”

Horas después del atentado, Castellanos apareció en un video con la voz quebrada. No habló como senador, habló como un hombre derrotado.

“Me masacraron a mis muchachos”, dijo conteniendo el llanto. Recordó que los escoltas llevaban años a su lado: “Diez años, dos años… eran parte de nuestra familia”.

Agradeció su sacrificio con una frase que resume la tragedia:

“Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia”.

Pero su mensaje más urgente fue para los captores de su equipo de campaña:

“Les pido de corazón que les respeten su vida. No los masacren”.

No es retórica. En Arauca, los secuestrados suelen terminar en fosas o en ríos. El senador lo sabe y por eso suplicó en público.

Secuestro y miedo de hacer política

Castellanos calificó el rapto de sus colaboradores como un “acto cobarde” y exigió garantías reales. Denunció que es imposible hacer campaña encerrado.

“Necesitamos hablar con las comunidades, conocer sus necesidades. No podemos hacer política grabando videos desde apartamentos”, reclamó, enviando un dardo directo al Gobierno.

El ataque no solo golpea a un congresista: es un mensaje para cualquier líder que pretenda recorrer Arauca sin permiso de los fusiles.

Recompensa y operativos

El Ministerio de Defensa reaccionó con un anuncio: 200 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez confirmó operaciones conjuntas de Policía, Ejército y Fiscalía para ubicar a los autores y rescatar a los secuestrados.

La Fuerza Pública aseguró la zona y activó retenes, pero en Arauca los grupos armados conocen cada trocha. Las búsquedas avanzan en medio de un territorio donde mandan el ELN, disidencias y bandas que se disputan el control del narcotráfico.

Arauca lleva décadas viviendo entre emboscadas, cilindros y secuestros. Lo de Fortul no es un hecho aislado: es la continuidad de una guerra que nunca se ha ido.

Los escoltas asesinados eran hombres entrenados para proteger vidas, no para resistir una lluvia de fusiles. Sus familias hoy reciben ataúdes mientras cuatro civiles siguen en manos de un grupo armado que aún no da señales.

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Castellanos agradeció las condolencias, pero dejó claro que no quiere discursos:

“lo que necesitamos es protección, justicia y verdad”.