El Ministerio de Justicia aprobó tres apuestas estratégicas impulsadas por la Gobernación del Magdalena: brigadas en la Sierra Nevada, justicia móvil para 29 municipios y la culminación de la nueva cárcel. La decisión llega en medio de una presión creciente por hacinamiento y acceso limitado a servicios judiciales.

La gobernadora Margarita Guerra logró lo que durante meses estuvo en trámite: el respaldo del Ministerio de Justicia a tres iniciativas que buscan responder a fallas estructurales en el acceso a la justicia en el Magdalena.

El encuentro, en el que participaron el ministro Jorge Iván Cuervo y el viceministro Jefferson Mauricio Dueñas, dejó compromisos concretos y fechas en el horizonte. La prioridad quedó clara: llevar la justicia a territorios donde hoy llega tarde o simplemente no llega.

Justicia en terreno: Sierra Nevada en la mira

El primer frente aprobado apunta directamente a municipios golpeados por la distancia institucional.

Las Brigadas de Justicia Restaurativa comenzarán a operar en Fundación, Aracataca y Ciénaga, zonas donde los conflictos comunitarios suelen escalar sin intervención oportuna del Estado.

Estas brigadas buscan resolver disputas desde el diálogo y la reparación, evitando que los conflictos terminen en procesos judiciales largos o en violencia.

Casas móviles: el Estado que se mueve para llegar

El segundo eje aprobado implica el despliegue de Casas Móviles de Justicia en 29 municipios del departamento. Se trata de unidades itinerantes que concentrarán servicios judiciales, orientación legal y atención institucional.

La estrategia responde a una realidad evidente: miles de ciudadanos deben desplazarse largas distancias para acceder a un trámite básico, lo que en muchos casos termina en abandono del proceso o en vulneración de derechos.

El cuello de botella: presos peligrosos en estaciones de Policía

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el traslado de personas privadas de la libertad que permanecen en estaciones de Policía, muchas de ellas con perfiles de alta peligrosidad.

El Ministerio y la Gobernación concertaron una ruta para acelerar su reubicación, en un intento por aliviar el hacinamiento y reducir riesgos tanto para uniformados como para la comunidad.

La medida responde a una presión acumulada: estaciones convertidas en cárceles improvisadas y un sistema penitenciario que no da abasto.

La deuda pendiente: una nueva cárcel en ejecución

El tercer compromiso apunta a largo plazo. El proyecto de la cárcel de Sabanas de San Ángel será evaluado para su inclusión dentro de los cinco planes prioritarios a nivel nacional que buscan financiación del Ministerio de Hacienda.

Si logra avanzar, significaría un respiro para el sistema carcelario del Magdalena, actualmente saturado y con limitaciones operativas que afectan la seguridad y los derechos humanos.

Continuidad política, presión social

Estas decisiones se enmarcan en la línea de continuidad de los planes de desarrollo impulsados por las administraciones anteriores y retomados por el actual gobierno departamental.

Sin embargo, el anuncio también deja en evidencia la urgencia del problema: mientras se aprueban proyectos, la crisis sigue instalada en las calles, en los juzgados y en las estaciones de Policía.

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La luz verde ya está dada. Ahora el reto es que la justicia deje de ser una promesa y empiece a sentirse en el territorio.