
Los tres grupos armados que siembran el terror en Magdalena
La Defensoría del Pueblo denuncia la creciente presencia de grupos armados ilegales como el ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo en distintas regiones del Magdalena, donde las violaciones a los derechos humanos y el control sobre las comunidades generan un ambiente de tensión y zozobra.
El Magdalena se ha convertido en un escenario de confrontación territorial entre grupos armados ilegales, según denunció recientemente Iris Marín, defensora del Pueblo.
Durante un encuentro en Santa Marta, Marín expuso cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Pachenca —también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra— y el Clan del Golfo mantienen una presencia activa en el departamento, afectando gravemente a las comunidades.
“Estamos viendo cómo en el sur del Magdalena hay una presencia intermitente del ELN, especialmente en El Banco, una región clave por su cercanía con Bolívar y Cesar, donde estas estructuras ilegales operan de manera constante”, señaló Marín.
A esto se suma el control que Los Pachenca y el Clan del Golfo ejercen en otras áreas del territorio, intensificando la inseguridad.
La defensora destacó que se están llevando a cabo esfuerzos desde el Sistema de Alertas Tempranas para analizar las dinámicas de violencia, las afectaciones a la población civil y las medidas necesarias para proteger a las comunidades. Estas acciones incluyen tanto recomendaciones directas al Gobierno Nacional como espacios de diálogo para atender las violaciones a los derechos humanos.
Iris Marín también lidera encuentros en zonas vulnerables del Magdalena, donde se abordan problemas relacionados no solo con el conflicto armado, sino también con la precariedad en los servicios públicos.
Sin embargo, el panorama sigue siendo alarmante, ya que el control territorial de estos grupos genera desplazamientos forzados, amenazas y un impacto profundo en la vida cotidiana de los habitantes.
La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de reforzar las acciones de prevención y garantizar la presencia institucional en los territorios más afectados.
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