Un operativo simultáneo de allanamientos permitió capturar a Carlos Mario Quintero, alias 1.200 y a cinco de sus hombres, señalados de cobrar “matrículas” y cuotas mensuales a comerciantes y transportadores para financiar a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Después de meses de denuncias silenciosas, miedo acumulado y comerciantes sometidos al pago obligado de “matrículas” y mensualidades, el Gaula de la Policía Metropolitana golpeó de frente a la estructura que había convertido la extorsión en un negocio estable y cotidiano.

Seis capturados, incluido su presunto cabecilla, Carlos Mario Quintero, alias 1.200, fue el resultado de un operativo quirúrgico que la institución describe como uno de los más contundentes del año.

El trabajo había comenzado mucho antes. Seguimientos, interceptaciones, vigilancias encubiertas y testimonios reservados permitieron armar un rompecabezas que demostraba que detrás de las amenazas y cobros ilegales estaba una célula de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), operando con precisión en barrios del sur y presionando a tenderos, surtidores y transportadoras de alimentos. El esquema estaba calculado: una cuota inicial a la que llamaban “matrícula”, seguida de pagos mensuales destinados al financiamiento de la organización criminal.

Una madrugada de diciembre, cuando ya todos estaban identificados, la orden fue clara: entrar, capturar y desarticular. Las diligencias de allanamiento se realizaron de manera simultánea, con equipos del Gaula, la Fiscalía y el grupo de Inteligencia avanzando sobre varios puntos donde, según la investigación, operaban los miembros de la red.

Alias 1.200 cayó en uno de esos registros. Para las autoridades, su rol era decisivo: dirigir la recolección de rentas ilícitas, coordinar a sus hombres y mantener el flujo constante de dinero que sostenía a la banda. Junto a él fueron detenidos cinco integrantes más, todos señalados de extorsión agravada y concierto para delinquir.

En los lugares intervenidos, el Gaula halló elementos clave para la investigación: documentos, dispositivos y material que, según la Policía, conectan directamente a los capturados con el cobro sistemático a comerciantes. Cada pieza, ahora en poder de los investigadores, refuerza el expediente que los llevará ante un juez.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Metropolitana, fue enfático al anunciar el golpe:

“La ofensiva contra la extorsión no se detiene. Estamos comprometidos en desarticular estas estructuras y proteger a los ciudadanos productivos de Santa Marta. Yo no pago, yo denuncio”.

Para los comerciantes afectados, la acción es un respiro. Desde la sombra, muchos habían contado que vivían entre la obligación de pagar o enfrentar represalias, en un círculo que parecía no tener salida. El operativo no solo pudo frenar esa presión, sino que representa un mensaje claro de que las autoridades conocen los nombres, las rutas y las estructuras que se lucran del miedo.

El Gaula asegura que los controles continuarán. Las investigaciones siguen abiertas y ahora, con esta red neutralizada, buscan identificar otros eslabones que pudieran estar operando en zonas contiguas. La extorsión, un delito que se infiltra sin ruido pero que destruye lentamente la actividad económica, vuelve a estar en el centro de la estrategia de seguridad distrital.

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Por lo pronto, alias 1.200 y sus cinco hombres ya están fuera de las calles.