Pablo Vera defendió las nuevas reglas de ordenamiento comercial y aseguró que buscan proteger a los jóvenes y frenar la informalidad y la presencia de personas externas que estarían aprovechándose de la necesidad estudiantil.

La discusión comenzó como muchas polémicas actuales: con videos, denuncias y mensajes indignados circulando en redes sociales.

Estudiantes y usuarios acusaban a la Universidad del Magdalena de cerrarles la puerta a jóvenes que venden empanadas, dulces o almuerzos para poder pagar transporte, materiales o simplemente sobrevivir mientras estudian.

El señalamiento era directo: estaban prohibiendo trabajar dentro del campus.

Frente a dicha tensión que crecía, el rector Pablo Vera Salazar salió públicamente a responder. Y lo hizo con un mensaje igual de directo.

“No estamos prohibiendo vender. Estamos poniendo orden”, dijo.

El problema, según la rectoría

Para la administración, el debate no gira alrededor de estudiantes emprendedores, sino de lo que empezó a crecer alrededor de ellos.

Según Vera, la universidad detectó que personas ajenas al alma mater comenzaron a usar las ventas informales como excusa para ingresar al campus y montar circuitos de ilegalidad.

“Hay gente que no es estudiante y que está incentivando esto porque detrás existen cadenas de informalidad donde se aprovechan de las necesidades de los jóvenes”, afirmó.

El rector fue más allá: aseguró que entre esas dinámicas también han aparecido intentos de comercialización de sustancias psicoactivas.

“La universidad tiene que ser un espacio para la formación, el deporte, el arte y la cultura. No podemos permitir que se convierta en un lugar donde se normalicen prácticas que terminan esclavizando a nuestra juventud”, sostuvo.

Del rebusque al desorden

En la Universidad del Magdalena nadie desconoce que muchos estudiantes venden para sostenerse. El propio rector recordó que él mismo fue vendedor ambulante antes de convertirse en profesional.
Pero insiste en que una cosa es el esfuerzo individual y otra el descontrol colectivo.

Durante los últimos meses —según explicó— los pasillos, zonas comunes e incluso áreas deportivas comenzaron a llenarse de ventas improvisadas que interferían con las actividades académicas.
La universidad decidió entonces intervenir.

No expulsando vendedores, asegura, sino organizándolos.

Quien quiera vender deberá registrarse, identificarse como estudiante y ubicarse únicamente en espacios autorizados, especialmente diseñados para emprendimientos estudiantiles.

Ni aulas. Ni corredores. Ni escenarios deportivos.

“La dignidad también es vender en condiciones organizadas, no tirados en el suelo ni dependiendo de intermediarios que se aprovechan”, señaló.

El campus bajo control

Otra de las medidas clave será el fortalecimiento del control de acceso a la universidad.
La institución busca evitar el ingreso de personas externas que no tengan relación académica o administrativa con el campus.

“La identificación no es burocracia, es protección colectiva”, explicó el rector.

Según denuncias recibidas por docentes y estudiantes, algunas personas estarían utilizando la informalidad comercial para ingresar y permanecer dentro del campus sin ningún control.

Para la rectoría, permitirlo sería abrir la puerta a problemas mayores.

“La universidad no puede convertirse en una plaza pública ni replicar el desorden que existe afuera”, afirmó Vera.

El alivio que pasó desapercibido

Mientras la discusión se centraba en las ventas, la universidad anunció una medida económica que pocos mencionaron en medio de la polémica.

Cerca de 200 estudiantes que únicamente cursan la asignatura de inglés —requisito para graduarse— pagarán solo el 10 % del valor de su matrícula. Quienes ya cancelaron el monto completo recibirán devolución del dinero.

La decisión busca evitar que jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas tras haber superado los semestres cubiertos por matrícula cero.

El rector recordó además que miles de estudiantes reciben apoyos como almuerzos diarios, refrigerios, becas, monitorías, ayudantías y subsidios económicos.

“Hoy muchos estudiantes no solo no pagan matrícula, sino que reciben apoyo para poder estudiar”, dijo.

Una discusión más grande que las ventas

Más allá de la regulación comercial, el fondo del mensaje del rector apunta a algo distinto: el papel que debe cumplir la universidad pública.

Para Pablo Vera, el campus no puede convertirse en un espacio donde la necesidad económica termine reemplazando el propósito académico.

“El derecho a la educación también implica el deber de educarse”, afirmó.

Y lanzó una advertencia final dirigida a los estudiantes:

“No permitan que los instrumentalicen personas que buscan generar conflicto o sacar provecho político de esta situación”.

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Entre el rebusque y la regulación, la universidad quedó en medio de un debate incómodo: cómo ayudar sin perder el control y cómo poner límites sin parecer indiferente.