La promesa pendiente del Tayrona: ¿cumplirá Petro su promesa de entregar la coadministración a los indígenas de la Sierra?
Desde los actos de los 500 años de Santa Marta el presidente anunció que el Parque Tayrona sería coadministrado con los pueblos indígenas. Siete meses después no existe decreto, el parque sigue en tensión y las comunidades exigen que su palabra se vuelva realidad.
La promesa quedó grabada en público, frente al país y en uno de los actos más simbólicos de los 500 años de Santa Marta. Pero hoy la pregunta sigue sin respuesta oficial: ¿cumplirá el presidente Gustavo Petro su palabra de entregar la coadministración del Parque Tayrona a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada?
Desde julio de 2025 el tema dejó de ser una aspiración histórica indígena para convertirse en un compromiso presidencial. Sin embargo, el tiempo pasó, los anuncios se enfriaron y el decreto que debía materializar la decisión aún no aparece.
Mientras tanto, la tensión crece y el Tayrona permanece cerrado en el centro de un pulso político, territorial y económico.
El origen de la promesa
Fue durante la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cuando Petro habló sin ambigüedades sobre el futuro del parque natural más emblemático del Caribe colombiano.
Ante autoridades indígenas y funcionarios del Gobierno, el mandatario ordenó avanzar en un convenio que permitiera la coadministración del Tayrona con los pueblos ancestrales.
“Aquí lo que quiero, ministra, es que el Parque Tayrona sea coadministrado con los pueblos indígenas kogui y otros pueblos del Magdalena”, afirmó entonces, instruyendo directamente a la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada Añokazi.
El presidente explicó que la medida no solo buscaba administrar el turismo, sino garantizar el acceso al mar de las comunidades indígenas sin exclusión, un reclamo histórico de los pueblos de la Sierra Nevada.
Desde ese momento, la coadministración comenzó a discutirse de manera concreta dentro del Gobierno y entre las comunidades.
Pero la transición del discurso a la norma nunca ocurrió.
Siete meses después: silencio institucional
Lo que inicialmente fue interpretado como un avance histórico hoy es visto por los indígenas como una promesa suspendida.
Las comunidades aseguran que, pese a reuniones y conversaciones posteriores, no existe ningún decreto que formalice su participación en la administración del parque.
Por el contrario, la relación se tensó aún más cuando estructuras levantadas para uso y beneficio de los indígenas —pensadas para generar ingresos comunitarios— fueron derribadas, situación que los líderes calificaron como un atropello mientras esperaban el cumplimiento del acuerdo anunciado por el presidente.
Ese episodio marcó una disputa que terminó obligando el cierre indefinido del Parque Tayrona.
La presión indígena
Los pueblos kogui, que encabezan la exigencia junto a otras comunidades de la Sierra Nevada, decidieron iniciar una presión directa al Gobierno Nacional.
Aceptaron retirarse provisionalmente del parque, pero fijaron una condición contundente: el Tayrona no volverá a abrir plenamente hasta que exista un decreto oficial que los reconozca como coadministradores.
La exigencia incluye no solo participación en decisiones ambientales y territoriales, sino acceso a parte de los ingresos que genera el turismo en la reserva natural.
Para ellos, se trata de un derecho ancestral y de una palabra presidencial que debe cumplirse.
Entre la expectativa y la incertidumbre
El Parque Tayrona quedó atrapado entre dos realidades: un anuncio político que elevó las expectativas y una ejecución estatal que aún no llega.
Operadores turísticos, trabajadores y comunidades locales observan con incertidumbre un conflicto que impacta directamente la economía regional, mientras el Gobierno guarda silencio sobre los tiempos reales del proceso.
La discusión ya no es únicamente ambiental. Es una prueba política sobre la capacidad del Ejecutivo de convertir un anuncio simbólico en una decisión concreta.
Siete meses después de aquella promesa hecha en los 500 años de Santa Marta, el Tayrona continúa esperando una firma que defina su futuro administrativo.
Los pueblos indígenas insisten en que no olvidan lo que escucharon ese día.
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