Aunque fue sentenciada a más de 36 años de prisión por asesinar a su hijo en una playa del Magdalena, la enfermera Yenny Higuera sigue sin ser capturada. El padre del menor insiste en que hay abandono institucional y asegura que la justicia se quedó solo en el papel.

La justicia habló, pero nadie ejecuta la orden. Yenny Alexandra Higuera CasallasYenny Alexandra Higuera Casallas fue declarada culpable de asesinar a su propio hijo, un bebé de 15 meses, ahogándolo en el mar en zona de Buritaca, en Santa Marta. Un juez la condenó a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, tras demostrarse que la muerte no fue un accidente ni un episodio emocional, sino un acto intencional.

Sin embargo, hoy la mujer no está en la cárcel. Está libre.

Y, según el padre del niño, viviendo tranquilamente mientras la orden de captura parece dormir en algún escritorio judicial.

“Nadie la está buscando”

Edwin Guerrero Sánchez, padre del menor, habla con cansancio acumulado. Han pasado años desde la muerte de su hijo y meses desde la condena, pero asegura que nada ha cambiado.

“Voy a la Policía y no dicen nada. Estoy seguro de que si adelantaran un seguimiento serio ya estaría presa, porque ella está con su familia. Simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, afirma.

Para él, la sentencia terminó siendo simbólica. Una victoria judicial sin consecuencias reales.

Después de recuperar la libertad en 2024 por vencimiento de términos —producto de retrasos en el proceso—, Higuera desapareció del radar de las autoridades. Desde entonces no se conoce oficialmente su paradero ni se reportan operativos visibles para capturarla.

“La condenaron, pero vive una vida tranquila en Bogotá. Nada sirvió”, insiste Guerrero.

El crimen que estremeció al país

El caso ocurrió en abril de 2022.

La enfermera viajó desde Bogotá hasta el Magdalena con su hijo. Días después, el bebé apareció muerto en el mar. En un inicio, la mujer sostuvo que una corriente la había obligado a soltarlo y que todo había sido un accidente.

La investigación desmontó esa versión.

Peritajes forenses, análisis de tiempos y contradicciones en sus declaraciones llevaron a la Fiscalía a concluir que el niño fue sumergido intencionalmente hasta morir por asfixia.

El fallo judicial fue contundente: hubo voluntad de matar.

El tribunal descartó cualquier impulso momentáneo o alteración psicológica que disminuyera responsabilidad penal. Fue homicidio agravado.

Una justicia que, según el padre, actúa diferente

Guerrero asegura que el dolor no termina porque la sentencia no se materializa.

Dice sentir un “sabor amargo” al comprobar que, pese a demostrarse la responsabilidad penal, la condenada continúa libre.

“Parece que cuando el crimen lo comete una mujer la justicia es más pasiva. Yo llevo años pidiendo que la capturen y nadie responde”, señala.

Afirma estar agotado de insistir ante instituciones sin obtener respuestas claras ni avances visibles.

Mientras intenta reconstruir su vida, dice que no ha podido cerrar el duelo.

“No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”.

El vacío después del fallo

El caso dejó al descubierto una paradoja judicial: una condena firme sin ejecución inmediata.

Expertos han advertido que cuando un condenado recupera la libertad antes del fallo definitivo, el riesgo de fuga aumenta si no existen medidas efectivas de vigilancia o búsqueda posterior.

En este caso, según denuncia la familia, ese seguimiento nunca ocurrió. Hoy la orden de captura existe, pero la captura no.

Una herida abierta

Mientras el expediente judicial marca el caso como resuelto, para el padre del niño la historia sigue inconclusa.

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No hay cierre posible cuando la justicia no se materializa.

“La condenaron por matar a mi hijo, pero yo sigo esperando que alguien haga algo”, dice.

Y en medio del silencio institucional, la pregunta que todos se hacen ¿cómo puede existir una sentencia de más de tres décadas de prisión sin que nadie encuentre a la condenada?