Una adolescente Emberá de 17 años fue sometida a un castigo físico atroz por parte de miembros del cabildo Gito Dokabu en Pueblo Rico. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la mujer exigen justicia y rechazan que las costumbres culturales se utilicen como excusa para vulnerar los derechos de las niñas.

El país entero está consternado. Un video grabado en Pueblo Rico, Risaralda, reveló un acto de violencia que ha encendido el rechazo generalizado de la opinión pública: una menor indígena de la comunidad Emberá fue sometida a un castigo físico brutal por miembros del cabildo Gito Dokabu, bajo el argumento de una “corrección tradicional”.

La víctima, una adolescente de 17 años, fue atada por los brazos al techo de una vivienda mientras una mujer le sujetaba las piernas. En medio de gritos de dolor, varios hombres comenzaron a golpearla con varas durante varios minutos. El video, grabado por personas del mismo resguardo, muestra cómo, incluso cuando la joven parece perder el conocimiento, los agresores continúan con la golpiza. Solo al final, una mujer la desata y se la lleva.

El hecho ha causado una reacción inmediata de organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y entidades gubernamentales. Para ellas, no hay tradición ni norma comunitaria que justifique semejante brutalidad contra una menor de edad.

La adolescente, con múltiples contusiones, fue llevada a un centro médico. De manera extraoficial, se conoció que tras la agresión habría intentado quitarse la vida, lo que agravó aún más la indignación y el llamado urgente de protección.

La Defensoría del Pueblo recordó que si bien la Constitución colombiana reconoce la jurisdicción especial indígena, esta no puede pasar por encima de los derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños y adolescentes. “La justicia ancestral no puede ser usada como licencia para violentar a una menor. Estamos ante un posible caso de tortura que debe ser investigado y sancionado con todo el peso de la ley”, expresó el organismo.

También se pronunció la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que condenó la actuación del cabildo y exigió respeto a la dignidad y la integridad física de las niñas indígenas. “Las prácticas tradicionales no pueden ser una excusa para normalizar la violencia. El derecho propio debe ejercerse en armonía con los principios constitucionales”, manifestó la organización.

Desde la Gobernación de Risaralda, el gobernador Juan Diego Patiño anunció acciones legales y la presentación de una denuncia penal contra los responsables del castigo. “No podemos permitir que, en nombre de una costumbre, se vulneren los derechos de nuestras niñas. Esta agresión no puede quedar impune”, dijiste.

Mientras avanza la investigación, crecen las voces que piden justicia y protección real para las niñas indígenas del país.