El dirigente social plantea organizar comités de control ciudadano en hasta 160 barrios para hacer seguimiento a las inversiones, las obras y los recursos contemplados en el CONPES 4159 de 2025, incluidos los proyectos relacionados con plantas desalinizadoras.

Vigilar el destino de los recursos destinados a solucionar la crisis del agua potable en Santa Marta es el objetivo de una propuesta anunciada por el abogado y dirigente social Abraham Katime, quien busca promover la organización de comités de control social en hasta 160 barrios de la ciudad.

La iniciativa pretende que las comunidades conozcan cuánto dinero se invertirá, cuáles son los proyectos previstos, qué entidades estarán a cargo y en qué fechas deben ejecutarse las obras. El planteamiento surge en medio del debate sobre las inversiones para garantizar el abastecimiento de agua potable, especialmente ante las discusiones sobre la continuidad de proyectos como las plantas desalinizadoras.

Katime señaló que el CONPES 4159 de 2025 contempla una ruta de inversiones cercana a los $786.000 millones y defendió la necesidad de que esos recursos se mantengan destinados a atender las necesidades de Santa Marta.

“Un CONPES y cerca de 780.000 millones de pesos no se sacan de un sombrero. Detrás de esta posibilidad de solución hay décadas de gestión y pasaron 18 presidentes de Colombia para que Santa Marta tuviera una respuesta con recursos disponibles”, manifestó.

Comités de control social en hasta 160 barrios

La propuesta contempla impulsar la conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley 142 de 1994.

Estos espacios permiten que los usuarios participen en el seguimiento a la prestación de los servicios públicos y elijan vocales de control que los representen ante las instancias correspondientes.

La meta planteada por Katime es llegar a comunidades de hasta 160 barrios, aunque la conformación de los comités dependerá de la participación de los habitantes y del cumplimiento de los requisitos legales.

“Queremos que en los barrios haya ciudadanos organizados que conozcan los proyectos, sepan cuánto dinero se va a invertir, cuáles son los cronogramas y quiénes tienen la responsabilidad de ejecutar las obras. También buscamos que puedan hacer seguimiento a su desarrollo y advertir oportunamente cualquier irregularidad”, explicó.

¿Qué pasará con los recursos para las desalinizadoras?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el seguimiento a las inversiones contempladas en el CONPES 4159 de 2025, entre ellas las relacionadas con proyectos de desalinización para ampliar el abastecimiento de agua potable en Santa Marta.

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El dirigente sostuvo que cualquier decisión que implique modificar los proyectos debe estar respaldada por información técnica y financiera, además de contar con fechas claras para su ejecución.

“No estamos diciendo que los proyectos no puedan mejorarse. Lo que planteamos es que cualquier modificación debe estar respaldada por información técnica, financiación y fechas claras. Santa Marta necesita soluciones verificables y no nuevos aplazamientos”, afirmó.

La propuesta también busca promover el seguimiento ciudadano a la planeación, la contratación, la financiación y el avance de las obras, mediante la articulación de los comités con mecanismos de veeduría ciudadana, dentro de las competencias que establece la ley.

Seis meses para organizar a las comunidades

De acuerdo con lo anunciado, la iniciativa contempla desarrollar durante seis meses jornadas de información y organización comunitaria, acompañar la conformación de los comités y apoyar los procesos de elección de los vocales de control.

Katime insistió en que el propósito es que los habitantes de Santa Marta tengan herramientas para conocer el destino de los recursos públicos y exigir explicaciones sobre el cumplimiento de los compromisos relacionados con el abastecimiento de agua.

“Para llegar hasta aquí pasaron 18 presidentes de Colombia y varias generaciones de samarios reclamando una solución. Por eso es necesario que la ciudadanía conozca el destino de los recursos y supervise que las inversiones se traduzcan en obras reales”, expresó.

El dirigente concluyó que la participación de las comunidades será fundamental para hacer seguimiento a los proyectos y exigir resultados frente a una de las problemáticas que más afecta a los habitantes de la capital del Magdalena.