Un fallo judicial suspendió la empresa creada por el sacerdote Hernando Fajid Álvarez y ordena la entrega del camposanto a la Diócesis de Santa Marta. Aunque la decisión aún no se ejecuta por una apelación, el caso entra en una fase decisiva tras un largo tiempo de desacato, tensiones religiosas y denuncias penales.

El pulso que durante un largo tiempo ha sostenido el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub contra la Diócesis de Santa Marta acaba de recibir su golpe más fuerte.

Un juez penal ordenó suspender la personería jurídica de la empresa con la que el religioso mantenía el control del cementerio San Miguel y dispuso la entrega del lugar a la Iglesia, en un fallo que redefine el rumbo de uno de los conflictos más polémicos de la ciudad.

La decisión fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías, en el marco de una audiencia de restablecimiento del derecho. El despacho concluyó que era necesario intervenir para frenar la continuidad de una administración cuestionada, mientras avanza un proceso penal en contra del sacerdote.

El fallo es directo: la sociedad que operaba el cementerio queda suspendida y el control debe pasar de forma provisional a la Diócesis, que reclama la propiedad del predio a través de la Fundación Juan Pablo II. Además, se ordenó a la Cámara de Comercio registrar la medida, dejando constancia oficial del cambio administrativo.

Un sacerdote que desafió a la Iglesia y a la autoridad

El caso no es menor ni reciente. Durante meses, Fajid Álvarez se mantuvo en el cementerio pese a las órdenes de la Diócesis de abandonar el lugar y acatar su traslado. Se negó a salir. Se mantuvo oficiando misas. Continuó ejerciendo funciones sacerdotales aun cuando ya había sido suspendido por sus superiores.

En paralelo, estructuró una empresa para conservar el control administrativo del camposanto, movimiento que terminó encendiendo las alarmas jurídicas y profundizando la ruptura con la autoridad eclesiástica.

Ese desafío abierto —primero a la Iglesia y luego al orden legal— convirtió el conflicto en un caso sin precedentes recientes en Santa Marta: un sacerdote enfrentado a su propia jerarquía, sosteniendo el control de un bien eclesiástico mientras se acumulaban cuestionamientos por su manejo.

Las acusaciones que escalaron el caso a lo penal

El expediente judicial no solo gira en torno a una disputa administrativa. La Fiscalía investiga al sacerdote por presunta administración desleal y por posibles irregularidades en el manejo de documentos privados, lo que elevó el caso a un escenario penal.

Fue precisamente ese contexto el que llevó al juez a intervenir. La medida busca evitar que las condiciones que dieron origen a las denuncias continúen, mientras se define el fondo del proceso.

Con la suspensión de la empresa, se corta de raíz la estructura jurídica que le permitía a Fajid Álvarez sostener el control del cementerio, lo que en términos prácticos representa una desarticulación de su poder administrativo.

Una decisión que aún no se ejecuta

Aunque el fallo es contundente, su aplicación inmediata quedó en pausa. La defensa del sacerdote presentó recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto suspensivo. Esto significa que la orden de entrega no se ejecuta de manera automática y deberá ser revisada por un juez de mayor jerarquía.

El Distrito de Santa Marta también se sumó a la apelación, lo que añade otro actor institucional a un caso que ya involucra a la Iglesia, la justicia penal y entidades administrativas.

Por ahora, el sacerdote continúa en el lugar, pero con un fallo en su contra que marca un antes y un después en el proceso.

El tiempo empieza a jugar en contra

El caso avanza hacia una etapa clave: la audiencia preparatoria en el Juzgado Primero Penal del Circuito, donde se definirán las pruebas y el camino del juicio. Allí se determinará si las acusaciones logran sostenerse o si el sacerdote consigue revertir una decisión que, en primera instancia, lo deja fuera del control del cementerio.

Mientras tanto, el margen de maniobra se reduce. La decisión judicial envía un mensaje claro: el control que Fajid Álvarez sostuvo durante meses ya tiene un límite impuesto por la ley.

En Santa Marta, la expectativa es total. No solo por el desenlace jurídico, sino por lo que representa este caso: la ruptura de la autoridad eclesiástica, la intervención de la justicia y la disputa por un lugar que, más allá de su función, se convirtió en el escenario de un conflicto de poder.

Lea aquí: Más de 540 comparendos en una semana: Santa Marta sigue desobedeciendo mientras aumentan los muertos en las vías

El “cura rebelde” sigue ahí. Pero ahora, con el tiempo en contra y la justicia tocándole la puerta.