La mujer quedó con el 95 % del cuerpo quemado tras una deflagración en un hotel de Bucaramanga. Su familia denuncia que laboraba sin afiliación a riesgos laborales, sin extintores ni protocolos de emergencia. Hoy lucha por sobrevivir en una UCI mientras se destapa un posible entramado de irregularidades.

El fuego la agarró trabajando y la dejó casi muerta. María Fernanda Vargas, 22 años, mesera de un hotel del centro de Bucaramanga, terminó toda quemada dentro del mismo lugar donde iba a ganarse el sueldo. No había extintores, no había plan de emergencia y, según su familia, tampoco había ARL. Ahora está intubada, con quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo, mientras afuera comienza una batalla legal para probar que lo que le pasó no fue un accidente, sino un abandono.

El día que el trabajo se volvió una trampa

El 30 de enero de 2026, María Fernanda atendía labores de cocina y servicio cuando el alcohol etílico que se usaba en el lugar se convirtió en un detonante. Primero fueron quemaduras en las manos, minutos después vino la deflagración que la envolvió de pies a cabeza.

Testigos cuentan que el sitio se volvió un infierno en segundos: gritos, gente corriendo, clientes paralizados. Nadie encontró un extintor. Lo único a la mano fueron vasos de limonada y trapos improvisados para intentar apagar un fuego que ya le devoraba el rostro, el cuello y el torso.

Cuando la ambulancia llegó, la joven ya estaba irreconocible. Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó directo a UCI. Desde entonces permanece conectada a un respirador, con pronóstico reservado y un camino de cirugías reconstructivas que apenas comienza.

“No había con qué apagarla”

El dolor de la familia se convirtió en denuncia. Liliana Díaz, su madre, asegura que su hija trabajaba sin afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales y que el hotel carecía de las mínimas condiciones de seguridad.

“Desde la cabeza a los pies está quemada. No había con qué apagar el fuego. Ahora pedimos que el hotel diga la verdad, porque no han querido hablar”, reclamó Jennifer Pico, prima de la madre.

Los allegados afirman que, tras el accidente, habría existido un intento de presentarla como “huésped” para que la atención fuera cubierta por un seguro y no como un caso laboral. La familia interpuso una tutela para garantizar el tratamiento integral y dejar constancia de las presuntas irregularidades.

Mientras tanto, la atención ha dependido del régimen subsidiado y de la solidaridad ciudadana. Se han organizado jornadas para donar sangre y plasma, el único oxígeno que hoy sostiene la esperanza.

La última frase antes del quirófano

Liliana recuerda el instante previo a la primera cirugía:

“Solo le dije que confiara en Dios. Esa fue la última vez que la vi consciente”.

Desde entonces la madre habla con una hija que no responde, que sobrevive entre sondas y vendas, convertida en símbolo de lo que pasa cuando el trabajo se hace sin protección.

La versión del hotel

El abogado del establecimiento aseguró que la empresa ha expresado solidaridad, que adelanta investigaciones internas y que está dispuesta a colaborar con las autoridades. No respondió, sin embargo, por qué no había extintores visibles ni por qué la joven, según la familia, no estaba afiliada a ARL.

Más que un accidente

Lo de María Fernanda no es solo una tragedia clínica. Es un expediente abierto sobre la informalidad disfrazada de empleo, sobre negocios que funcionan sin protocolos y sobre trabajadores que se queman —literalmente— para sostener un sistema que los deja solos cuando todo estalla.

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Hoy la joven pelea cada respiración en una UCI. Afuera, su familia pelea por otra cosa: que el país no permita que el fuego se lleve también la verdad.