Una acción judicial presentada por sindicatos busca que el senador pierda su curul, alegando que hizo proselitismo político el mismo día en que fue víctima de un atentado. El caso ha generado fuertes reacciones.

Mientras Miguel Uribe Turbay continúa en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, se conoció una demanda que ha causado polémica. El documento, firmado por Carlos Alberto Sánchez Grass en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, solicita que el senador pierda su investidura.

Según el demandante, el pasado 7 de junio día del atentado Uribe habría incurrido en actos de proselitismo político, aprovechando su cargo para obtener ventajas indebidas. Asegura que hay fotos y videos que lo muestran haciendo campaña, y que su conducta violaría el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

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“El riesgo a su integridad personal derivado del rechazo ciudadano no mitiga su responsabilidad”, dice el documento, que también afirma que el propio Uribe generó las condiciones que llevaron al ataque.

La demanda fue radicada ante el Consejo de Estado y también está dirigida contra la Nación y el Congreso. Cita varios artículos de la Constitución que prohíben a los funcionarios públicos participar en política mientras están en ejercicio.

La acción judicial ha generado una ola de rechazo en redes sociales. Políticos, ciudadanos y analistas la califican como insensible, inoportuna y revictimizante. Algunos la ven como un intento de sacar a Uribe del escenario político mientras lucha por su vida.

Hasta ahora, ni el Congreso ni el equipo jurídico del senador se han pronunciado oficialmente.