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Iglesia Renace exige justicia por el asesinato de dos perros en Santa Marta


La institución religiosa solicitó a los organismos de control una investigación rigurosa, la aplicación de la ley y el esclarecimiento total de los hechos tras la muerte violenta de los dos animales.

La Iglesia Renace hizo pública su exigencia de justicia ante las autoridades competentes por el homicidio de dos perros llamados Dominic y Maku, pertenecientes a la familia Farrayán, registrados en el barrio Cundi de Santa Marta.

La intervención de la institución se centra en exigir el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano para este tipo de conductas.

Para lograr que el caso avance conforme a la ley, la congregación solicitó la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), así como de la Policía Nacional y de las autoridades distritales.

En su pronunciamiento, la institución recordó las disposiciones legales aplicables, citando la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, además de los artículos 339A y 339B del Código Penal que tipifican los delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los animales.

Asimismo, la organización religiosa ofreció acompañamiento institucional a la familia afectada en las gestiones ante los organismos de seguridad, las entidades públicas y los colectivos animalistas de la ciudad.

Respecto a las versiones sobre la presunta condición de salud mental de la persona señalada como autora material, la iglesia indicó que corresponde a los profesionales competentes realizar la valoración médica necesaria para definir las medidas de protección que se requieran.

En el plano procesal, el comunicado puntualizó que un diagnóstico de esta naturaleza no exime por sí solo de la responsabilidad penal, cuya determinación compete exclusivamente a la rama judicial.

La institución insistió en que el proceso debe desarrollarse con celeridad, respetando el debido proceso y garantizando que los hechos no queden en la impunidad.


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