El gremio hotelero advierte que el aumento presiona las nóminas, amplía la brecha frente a la informalidad y pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas.

El anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026 encendió las alertas en el sector hotelero de Santa Marta.

A pocas horas del decreto, los hoteleros del departamento se pronunciaron para advertir que la medida tendrá efectos directos y estructurales sobre la operación diaria de hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos formales.

Para el gremio, el impacto no se limita al valor del salario base. Dicen que la hotelería opera 24/7, los 365 días del año, con recargos nocturnos, dominicales y festivos que amplifican cualquier ajuste salarial. En una actividad donde el servicio depende del talento humano, el incremento se traduce en un aumento inmediato de los costos fijos.

Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, explicó que el turismo es uno de los mayores generadores de empleo del país.

“De acuerdo con cifras sectoriales, el turismo aporta más del 7 % del empleo nacional y, en territorios como Santa Marta y el Magdalena, se consolida como uno de los principales motores de trabajo formal, especialmente para jóvenes y mujeres”, señaló.

Ese peso laboral explica por qué la decisión golpea con fuerza a la hotelería. “El incremento del salario mínimo tiene un efecto inmediato sobre nuestra estructura de costos. En un sector que depende del recurso humano para garantizar la calidad del servicio, este tipo de decisiones, si no vienen acompañadas de medidas de alivio, afectan directamente la sostenibilidad del empleo formal”, afirmó García Silva.

Recuperación aún en curso

Aunque el turismo ha mostrado señales de reactivación, el gremio advierte que muchas empresas todavía están en proceso de recuperación tras la pandemia. Deudas acumuladas, inversiones aplazadas y una demanda que aún no alcanza los niveles prepandemia hacen que el margen de maniobra sea limitado.

En ese contexto, un incremento salarial sin medidas compensatorias —dicen— puede obligar a ajustar turnos, aplazar contrataciones o frenar inversiones en modernización e infraestructura, justo cuando los destinos compiten por calidad y precio.

Uno de los puntos más sensibles para el sector es la competencia desigual con la parahotelería y otras formas de alojamiento informal. En ciudades turísticas como Santa Marta, esta oferta representa una proporción significativa del mercado y no asume las mismas cargas laborales, tributarias y regulatorias que el sector formal.

“Hoy el mayor riesgo para la competitividad del destino no es la falta de demanda, sino la informalidad. Cada incremento en los costos laborales, sin un control efectivo a la hotelería paralela, termina debilitando a quienes cumplen la ley y generan empleo digno”, subrayó García Silva.

El gremio también advierte por el efecto multiplicador del aumento salarial sobre otros costos operativos: insumos, servicios, transporte y logística. Esa presión, sostienen, puede trasladarse a los precios finales que paga el visitante, reduciendo la competitividad frente a otros destinos nacionales e internacionales.

“El impacto no es solo en nómina. Es una cadena que empieza con el salario y termina afectando tarifas, inversión y capacidad de competir”, explican empresarios del sector, que temen un arranque de año con inflación de costos y menor margen operativo.

Llamado a medidas de alivio

Desde Cotelco Magdalena, el mensaje al Gobierno Nacional es de respeto, pero también de urgencia. El gremio pide que, de manera paralela al aumento del salario mínimo, se adopten medidas de alivio para los sectores intensivos en empleo: incentivos tributarios, reducción de cargas no salariales y acciones contundentes contra la informalidad.

“El turismo no solo es una actividad económica; es un tejido social que sostiene comunidades enteras. Proteger al sector hotelero y turístico es proteger miles de empleos formales y la estabilidad económica de Santa Marta y el Magdalena”, concluyó García Silva.

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El debate apenas comienza. Mientras el Gobierno defiende el aumento como una medida de justicia social, los hoteleros advierten que, sin políticas complementarias, el costo podría pagarse en empleo, inversión y competitividad del principal motor económico del Caribe colombiano.